La magistrada María Peña, la misma que en julio del año pasado archivó la causa contra Gallego y los miembros de su equipo de Gobierno y después la reabrió tras estimar los recursos del PP y el exconcejal del Movimiento Falangista, Leoncio Calle Pila, considera que la exalcaldesa de Santoña y exdiputada nacional cometió una "redundante desatención" de los reparos de la Intervención municipal.

Se les acusa de incumplir la legalidad al fraccionar contratos y adjudicarlos directamente a distintas empresas, básicamente a cuatro, sin convocar el correspondiente concurso abierto.

La socialista se enfrenta a un presunto delito continuado de prevaricación administrativa durante su mandato como alcaldesa de Santoña.

El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra ella por presunta prevaricación durante su etapa como alcaldesa en el Ayuntamiento de Santoña entre 2003 y 2009. La socialista considera que está siendo investigada por un supuesto "error administrativo del que me considero totalmente inocente".

"Habría sido habitual la adjudicación a determinadas empresas de ciertos servicios prescindiendo de concurso previo cuando se superaba la cuantía para la contratación menor y la no utilización del procedimiento abierto, firmando las facturas que se sometían a su pago"

La diputada socialista considera "sorprendente" la "naturalidad" con la que Diego "adjudica a los demás algo que autoriza, defiende, fomenta y va a seguir impulsando su propio partido", y que es ante el que tiene que reclamar el fin de los permisos.