TRIBUNALES

A los tribunales la demanda de UGT contra Ampros por "el impago" del complemento salarial

Sede de Ampros en Santander
Sede de Ampros en Santander

La demanda de UGT contra la Asociación Cántabra en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual (AMPROS) por "el impago" desde hace más de dos años del complemento salarial de desarrollo y de capacitación profesional, se resolverá en los tribunales de justicia en un juicio que se iniciará este jueves, día 7, en el Juzgado de lo Social, tras no fructificar las negociaciones de mediación entre ambas partes en el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales).

Según ha indicado el sindicato, Ampros "se niega a cumplir" el convenio colectivo que la propia empresa eligió en su momento para sustituirlo por el suyo propio y que estipula el abono de un complemento salarial destinado a los trabajadores que tengan una antigüedad superior al 1 de julio de 2016, lo que afecta a la mayor parte de una plantilla integrada por casi 500 profesionales, muchos de ellos personas con discapacidad intelectual. Asimismo, recuerda que fue la propia dirección de Ampros la que "decidió de manera unilateral" dejar de aplicar su propio convenio colectivo de empresa en enero de 2020 para sustituirlo por el convenio general de centros y servicios de atención a las personas con discapacidad, "que estipula este complemento salarial que la empresa se niega a pagar desde entonces".

El sindicato puntualiza que los trabajadores de Ampros "no han tenido subida salarial desde enero de 2012, salvo el irrisorio incremento de un 0,75% aplicado hace dos años como muestra de buena fe según la empresa y un 2% que viene abonando desde abril sólo a parte de la plantilla y justo después de la demanda por conflicto colectivo interpuesta por UGT".

UGT considera "inaceptable" que se tenga que llegar a los tribunales de justicia "porque una entidad valorada y premiada por su compromiso social con la discapacidad, simplemente, no quiera cumplir ni con la aplicación del convenio colectivo ni con sus obligaciones con los derechos de los trabajadores, especialmente con los que por su discapacidad son más vulnerables".