La oposición (PP, Cs y Vox) ha aprovechado este lunes en el Pleno las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos del Servicio de mantenimiento y conservación de carreteras de la Consejería de Obras Públicas para criticar al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) por su "incapacidad" de "controlar" y "evitar" la "corrupción" y pedir responsabilidades políticas tras lo ocurrido.

Este caso, por el que la semana pasada fue detenido el jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas de Cantabria -y enviado a prisión provisional-, algunos de sus familiares y representantes de las empresas implicadas (Rucecan, Cannor, API Movilidad y La Encina), ha 'salpicado' varias de las intervenciones de la oposición en el Pleno, pese a que este asunto no estaba en el orden del día, una sesión a la que, por ahora (aún no ha concluido), no ha acudido el consejero de Obras Públicas, el regionalista José Luis Gochicoa.

Así, por ejemplo, durante el debate de una iniciativa sobre el problema de los trenes de Cercanías, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha afirmado que le parece "muy grave tener un presidente que no se entera de nada ni cuando no se fabrican los trenes ni cuando hay corrupción en la Consejería de Obras Públicas" o -ha añadido- "que dice que no se entera de nada".

Además, al PP le "cuesta tanto creer" que "nadie" en el Gobierno de Cantabria supiera nada de lo que estaba ocurriendo en Obras Públicas con -ha dicho- "contratos amañados por importe de 42 millones de euros en la Administración del Gobierno de Cantabria". "¿Nadie sabía nada? ¿Nadie se enteró de nada? Pues entonces sé para qué queremos a responsables políticos enfrente del Gobierno?", ha afirmado Fernández.

El portavoz popular ha opinado que en este caso, como en el de los trenes, ha habido "negligencia" por parte del Gobierno de Cantabria "que es no querer enterarse de nada".

Por su parte, su homólogo de Cs, Félix Álvarez, se ha quejado de que han transcurrido ya cinco días desde que "la UDEF entró a saco en la Consejería de Obras Públicas" y aún el Gobierno ni su presidente ha determinado quiénes son los "responsables políticos" de lo ocurrido. Para Vox, este caso refleja la "incapacidad del Gobierno para controlar lo que debe controlar y evitar".