La Asociación Cántabra de Empresarios de la Salud y Ejercicio Físico, ACESEF, ha advertido que podrían perderse unos 500 empleos en el sector si no se actúa "inmediatamente" a consecuencia del incremento "salvaje" de los costes energéticos.

Ante estas circunstancias, ACESEF ha pedido al Gobierno de Cantabria que "sea sensible" a la situación por la que está atravesando el sector de los centros deportivos y de salud de la región. "Más de 500 personas están en riesgo de perder su empleo y la actividad de decenas de centros puede cesar si no se ponen en marcha de forma urgente medidas de apoyo a un sector que lleva arrastrando una situación precaria desde la pandemia", ha señalado la asociación en un comunicado remitido a través de CEOE-CEPYME.

El presidente de la patronal que aglutina a los centros deportivos, Carmelo Barquín, ha advertido que la situación es "insostenible y, lo que es peor, la previsión para el 2023 no es nada halagüeña. Actualmente nuestros costes de suministros se han cuadruplicado y la situación de los centros es muy preocupante: hay en juego más de 500 puestos de trabajo en Cantabria".

La asociación está en contacto con la Administración regional en la búsqueda de soluciones que permitan continuar con su oferta de salud y actividad deportiva, "aunque estamos ya muy al límite de nuestra capacidad", ha precisado Barquín.

El presidente de la asociación ha explicado que el sector arrastra "una situación muy precaria" desde el comienzo del Covid-19, hace más de dos años. "Venimos de unos años de pandemia donde nuestro sector ha estado señalado, sin motivo ni justificación, desde el minuto uno. Sin embargo, lejos de ser culpables o promotores de los contagios, los centros deportivos hemos sido y somos parte de la solución y no se nos tiene en cuenta", ha denunciado.

Tras remitirse a los "numerosos estudios que demuestran que la práctica deportiva mejora la salud física y mental, Barquín ha solicitado a las instituciones de Cantabria "una implicación más activa en la protección de nuestro sector como una forma adecuada de preservar la salud de los cántabros -especialmente los más vulnerables- y defender un sector económico muy lastrado por el incremento de los costes energéticos". En este sentido ha asegurado que la ayuda de las instituciones públicas les permitiría "sobrevivir y continuar ofreciendo a los ciudadanos la actividad física que se traducirá, indirectamente, en una disminución en la demanda de atención sanitaria".