JUZGADOS

Fiscalía constata un aumento de menores extranjeros no acompañados en Cantabria

Los datos de la Fiscalía de Menores revelan un aumento de los menores extranjeros no acompañados (MENAS) en Cantabria. Según estos datos, en 2016 fueron una quincena, en su mayoría de origen marroquí, atraídos al parecer por "la agilidad con que se les tramita aquí la obtención de documentación", lo que ha producido "cierto efecto llamada".

Cantabria cuenta con varios centros de acogida de MENAS, ubicados en Ojaiz, Maliaño y Liencres, no habiéndose dado a lo largo de 2016 ningún incidente reseñable en el funcionamiento de ninguna de ellas, tal y como constata la Fiscalía de Cantabria en su memoria anual, consultada por Europa Press.

La Fiscalía ha dictado a lo largo de 2016, 17 decretos de determinación de edad a jóvenes extranjeros, lo que supone duplicar la cifra del año precedente (ocho en 2015).

Entre las causas de este notable aumento, el Ministerio Público señala que por una parte existe un "efecto llamada" derivado de la menor masificación de los centros de acogida de menores en la zona Norte de España con respecto de otras áreas geográficas, lo que crea "una mejor expectativa de futuro" a estos menores, que consiguen regularizar su situación en un plazo mucho menor que en otras Comunidades Autónomas.

Asimismo, entre algunos de estos menores se ha extendido la idea de participar en peleas y con otros jóvenes, menores o no, para buscar reclamaciones económicas por lesiones, como de hecho ha sucedido en dos supuestos tramitados en expedientes de reforma este año 2016.

La Fiscalía da cuenta en su última memoria anual de las "divergencias" que en algún caso se han dado entre el ICASS, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado sobre la validez que debe darse o no a la documentación presentada por el menor una vez dictado el decreto del Fiscal.

La Fiscalía se refiere a algunos problemas que han surgido con menores cameruneses, inicialmente indocumentados, a los que se realizaron pruebas de determinación de edad. El fiscal fijó por decreto la mayoría de edad, y posteriormente aparecieron documentos según los cuales podrían ser menores, pero "al no ser recurrible el decreto del Fiscal, deberán, en su caso, recurrir la expulsión", dice la Fiscalía en su memoria.