Desde este domingo todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los que tengan una población superior a 20.000 personas y superen los valores límite de contaminantes regulados tendrán que aplicar zonas de bajas emisiones (ZBE) en sus territorios.

Alrededor de 150 municipios españoles son los que deberán implementar ZBE, que se unirán a ciudades como Madrid y Barcelona en las que las ZBE ya son una realidad, lo cual implica medidas como restringir el acceso a determinados vehículos a esas zonas, fomentar el transporte colectivo y los puntos de recarga de vehículos eléctricos, entre otras cuestiones. En Cantabria, este es el caso de Santander y Torrelavega, aunque todavía no han limitado su circulación.

Las estimaciones de diferentes organizaciones del sector del automóvil apuntan que la implantación de estas medidas afectará a casi cuatro millones de vehículos sin etiqueta medioambiental de los en torno a 11,5 millones de coches que circulan en las ciudades españolas en obligación de tener una ZBE en 2023. Sin embargo, si bien los municipios afectados tienen que delimitar esas zonas, en la gran mayoría de los ayuntamientos la regulación local que dictaminará el funcionamiento específico de las mismas todavía no está definido, lo que supone que en la práctica no habrá un cambio drástico para los conductores de un día para otro. De hecho, la semana pasada la Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler (Aneval) advirtió de que solo alrededor de 20 de los ayuntamientos obligados (en torno al 13%) han "iniciado la presentación de sus medidas".

Son muchas las dudas que surgen a los conductores respecto a cómo afectarán estas ZBE a su movilidad según la etiqueta de su vehículo. Los únicos ajenos a esta nueva medida son los propietarios de coches que luzcan etiquetas Eco o Cero, pues se libran de estas prohibiciones. Por su parte, los más perjudicados van a ser aquellos cuyo vehículo no tengan distintivo o luzcan la letra A, que ya han quedado excluidos de zonas de algunas ciudades que ya han implantado la medida como Madrid y se prevé que no puedan acceder a las ZBE de las ciudades de España cuando implanten finalmente la medida.

Entre estos dos tipos de vehículos se encuentran los que tienen etiqueta B y C, que no sufrirán tantas restricciones, por lo menos por ahora, pero cuya circulación estará limitada a una serie de condiciones. En el caso de Madrid –y que podría servir de ejemplo para el resto de localidades que deben implantarlo próximamente como son Santander y Torrelavega-, donde el tránsito con estos vehículos por las zonas de especial protección solo podrá hacerse para aparcar en un parking, estar empadronado allí, ser una empresa o un autónomo y ejercer tu actividad en un local u oficina ubicada en Distrito Centro o ser invitado por uno de ellos, acceder a un taller de reparación de vehículos ubicado en el Distrito Centro o ser utilizado para dejar o recoger alumnos de educación infantil, primaria, y de secundaria cuyas necesidades así lo exijan, entre otras, según la web de Madrid 360. En dicha web se puede consultar las restricciones ya implantadas en la capital española.

En el caso de que las cámaras detecten a un vehículo que no puede acceder, se impondrá una sanción a su titular. En Madrid, las cámaras de videovigilancia que sancionarán la entrada en la M-30 de vehículos sin etiqueta de aquellos no empadronados en la capital estarán instaladas en el mes de abril.

Mientras se instalen las cámaras y durante el periodo de dos meses de aviso una vez establecidas los controles se realizarán por agentes de movilidad en puntos aleatorios de la vía. La sanción por entrar en la M-30 supone una multa de 200 euros.