Los afectados por los derribos de Cerrias quieren saber por qué no se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos antes de las elecciones, cuestión que plantean tanto al Ayuntamiento como a la consejera de Obras Públicas, Jezabel Morán, con quien se reunirán el próximo viernes.

En concreto, han preguntado al Ayuntamiento de Piélagos "por qué guarda en un cajón" el PGOU cuando "está terminado al 100%" y con la memoria ambiental del Gobierno "incluida desde junio 2020".

Los vecinos quieren conocer la causas por las que no se publica el plan "a la mayor brevedad posible, antes de las elecciones" y se preguntan si hacerlo "podría restar votos en el municipio"; y por qué "no se trabaja en las diferentes vías de soluciones para poder legalizar las 17 viviendas afectadas por el deslinde de Costas, como se está haciendo en varios municipios de otras regiones" o si "sobra dinero público para indemnizar".

Así lo ha manifestado en un comunicado el portavoz y presidente de los vecinos de las urbanizaciones Calas del Norte, Cerrias 1 y Cerrias 2, en Liencres, Didier Fleury, que confía en la reunión que celebrarán este viernes con la consejera, a petición de los afectados, que para que les "aclare por qué no se saca el Plan General de Piélagos para poder avanzar en las posibles soluciones antes de las elecciones".

Fleury ha lamentado que, mientras en otras comunidades con problemáticas similares ayuntamientos y gobiernos regionales trabajan para encontrar soluciones, en Cantabria, hace más de un año, el anterior consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, y la alcaldesa de Pielagos, Verónica Samperio, anunciaron "a bombo y platillo que el Plan General de Piélagos iba a salir en verano de 2022 y que con toda seguridad legalizaría todas las casas, excepto 17", que precisan mayor tramitación.

Por eso, los afectados -39 familias- quieren respuestas de la alcaldesa, la consejera y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, de por qué no se publica el PGOU y por qué no se trabaja en diferentes vías de solución.

"El coste de los derribos en Piélagos supone unos 30 millones de euros pagados con los impuestos de todos los cántabros y también a costa del aumento del IBI de Piélagos. Este derroche económico... justificaría por sí solo revertir esta injusticia y al mismo tiempo redistribuir este dinero disponible en necesidades sociales básicas", ha sostenido Fleury, que ha denunciado falta de voluntad política y sensibilidad, además de afirmar que "se miente cuando se utiliza el escudo de que existe una sentencia de derribo ya que en otras regiones estos despropósitos se solucionan".

"Los afectados de Cerrias sabemos que no es tarde y pretendemos con este comunicado dar a conocer nuestra situación a todos los cántabros, quienes pagan este despropósito, y hacer un llamamiento a todos los grupos políticos actuales y futuros para que tomen acciones urgentes y visibles para frenar el enorme daño moral de quienes les votan y esperan que protejan a los más débiles", ha concluido.