El Constitucional suspende la ley de PP y Vox que derogó la Ley de Memoria Histórica en Cantabria

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado suspender la ley que derogó la Ley de Memoria Democrática de Cantabria, al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha informado la corte de garantías, el Pleno ha suspendido la vigencia y aplicación de la ley desde el 12 de febrero -fecha en que se presentó el recurso- para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para terceros. No es la primera vez que los magistrados admiten a trámite un recurso del Gobierno contra una ley autonómica que deroga la Ley de Memoria Democrática. El pasado junio el Pleno admitió la petición de Sánchez relativa a una norma de Aragón.

DEROGACIÓN

El Constitucional ha estudiado la admisibilidad de este nuevo recurso después de que el pasado 11 de febrero la ministra portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, explicara en rueda de prensa que el Gobierno actuaría contra la ley al no llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de Cantabria.

El Gobierno justificó este recurso en que la ley cántabra "no hace una derogación técnica o aséptica de la legislación autonómica de memoria democrática, sino que elimina todas las previsiones de la ley de Memoria Democrática autonómica, deroga totalmente el estatuto jurídico de las víctimas, así como las previsiones de colaboración que permitían la efectiva aplicación de la Ley estatal". "En consecuencia, esta derogación en bloque menoscaba el cumplimiento de Ley de Memoria Democrática", denunció el Ejecutivo.

DEBER DE MEMORIA

"En nuestro Derecho está claramente establecido el deber de memoria en el artículo 34 de la Ley de Memoria Democrática, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, atribuida por el artículo 149.1.1.a de la Constitución Española (CE)", añadió el Gobierno.

La derogación de la ley estaba firmada por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que afirmaba que esta ley "nació muerta" porque quienes la promovieron, el PRC y el PSOE durante la anterior legislatura, no pretendieron "el consenso ni en la forma ni en el fondo" y "ni siquiera" admitieron "el diálogo" entorno a esta norma.

CONSENSO

"De una Ley que pretendía reparar a las víctimas de la violencia política durante la II República, la Guerra Civil y la Dictadura podría haberse esperado un cierto grado de consenso que supusiera, en efecto, una auténtica reparación. Pero la Ley no pretendió el consenso ni en la forma ni en el fondo: ni lo alcanzó en su tramitación, ni lo alcanzó en su contenido. Quien la promovió no lo buscó: ni siquiera admitió el diálogo. Por esa razón la Ley nació muerta", señalaba la presidenta cántabra.

El PP de María José Sáenz de Buruaga llevaba en su programa electoral la derogación de esta ley, que se tramitó en la Cámara regional por la vía de urgencia gracias al apoyo de Vox a los 'populares', que consideraban esa norma un "ataque a la convivencia y a las libertades democráticas".

TRES ARTÍCULOS

La Ley de Derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, impulsada por PP y Vox en el Parlamento regional, consta de tres artículos y una disposición transitoria única, y otra final que es la determina la entrada en vigor de la derogación, fijada en noviembre.

El primer artículo es la derogación de la norma y el segundo se refiere a las exhumaciones que a partir de ahora se regularán en base a la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria de octubre de 1998, concretamente con la normativa de patrimonio arqueológico y paleontológico.

CUSTODIA DEL MATERIAL

El tercer artículo se refiere a la custodia del material documental referido a la represión de motivación política durante el periodo de la II República, la Guerra Civil y la Dictadura, para lo que se aplicará lo dispuesto en la Ley de Archivos de Cantabria, de junio de 2002.

La disposición transitoria única habla de los procedimientos iniciados al amparo de la ley ahora derogada, indicando que "la tramitación de todos los procedimientos administrativos iniciados y no concluidos se regirán por la normativa en virtud de la cual se iniciaron".

PSOE

Tras hacerse pública la decisión del Constitucional, el PSOE de Cantabria ha opinado que se "ha hecho justicia" con lo que considera una noticia que era "esperada y deseada por los cántabros". El secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, ha afirmado que la derogación de la Ley de Memoria aprobada por el PP y Vox por "era un atropello para los derechos democráticos", y ha pedido al PP "cumplir la legalidad".

"No vamos a permitir al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga y al PP ni un solo recorte, ni un solo retroceso en nuestros derechos", ha enfatizado en un comunicado. En este sentido, Casares ha lamentado que 2024 "ha sido un año en blanco para las familias de las víctimas" en esta comunidad porque el Gobierno del PP "no ha hecho nada por localizar ni una sola fosa en Cantabria, castigando al olvido a cientos de víctimas en nuestra tierra".

PEDRO SÁNCHEZ

El secretario general de los socialistas cántabros ha agradecido al Gobierno de Pedro Sánchez en su conjunto y en concreto al ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; al secretario de Estado, Fernando Martínez; y a la directora general, Zoraida Hijosa, "su trabajo para garantizar los derechos y para velar por Cantabria y la memoria de los cántabros".

Por último, Casares ha señalado que el PSOE "va a velar por que en Cantabria no haya ni un solo retroceso en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación de las víctimas y por preservar los valores democráticos en nuestra comunidad autónoma". "La memoria democrática no se deroga", ha concluido.

IU

Por su parte, Izquierda Unida (IU) ha celebrado la decisión, un paso que considera "una victoria para la justicia y la memoria histórica en nuestra comunidad". Así lo ha dicho el coordinador de IU en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, para quien la derogación de la ley impulsada por el Partido Popular y Vox "representaba un grave retroceso en los derechos de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil".

A juicio de IU, el Gobierno de Cantabria ha actuado "al margen de la justicia por sectarismo"

En un comunicado, IU ha defendido que la Ley de Memoria Democrática es "fundamental para reconocer y reparar el sufrimiento de las víctimas de la Dictadura", y que su derogación, "sin consenso ni diálogo, es un ataque directo a los principios de verdad, justicia y reparación que deben prevalecer en cualquier sociedad democrática".

Por ello, ha aplaudido que el Tribunal Constitucional "haya actuado para proteger estos valores, ya que la derogación no solo iba en contra de las víctimas, sino de la legalidad". A juicio de la formación, el Gobierno de Cantabria ha actuado "al margen de la justicia por sectarismo". "La memoria histórica no es un asunto del pasado, sino una responsabilidad presente que debemos asumir con firmeza y convicción para la no repetición y la reparación de cientos de familias cántabras", ha sentenciado.

PP

Por último, el PP ha explicado que el hecho de que el Constitucional haya acordado suspender la norma que derogó la Ley de Memoria Democrática de Cantabria "no frena nada", ya que "simplemente es un trámite automático" cuando se admite un recurso. El senador autonómico y diputado regional 'popular' Íñigo Fernández ha aclarado que, con esto, "no se frena nada y no se para nada", porque "el Parlamento de Cantabria derogó la ley autonómica de Memoria Histórica con la misma legitimidad con que se aprobó en 2021", cuando salió adelante de la mano del anterior Gobierno de PRC-PSOE.

Tras su derogación, el Ejecutivo central presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional "y, siempre que el Gobierno de España presenta un recurso contra una ley autonómica y se admite a trámite, se dejan en suspenso sus efectos. Luego no se para nada, simplemente es un trámite automático", ha manifestado Fernández en declaraciones remitidas a los medios.