Cantabria, entre las regiones perjudicadas por la congelación de los Fondos de Compensación Interterritorial
El Tribunal de Cuentas ha alertado de que la escasa dotación de los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI) condiciona "seriamente" el cumplimiento de la finalidad para la que fueron creados y ha detectado deficiencias comunes en la gestión, ejecución y control de los proyectos financiados con estos recursos en Cantabria, Extremadura, la Región de Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Así consta en el Informe de fiscalización de los Fondos de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2024, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, en el que se analiza el grado de cumplimiento de la normativa reguladora de estos fondos en las comunidades y ciudades autónomas que carecen de órgano de control externo autonómico.
La fiscalización se ha realizado en cumplimiento del mandato legal previsto en la normativa reguladora de los FCI y examina la gestión de estos recursos en Cantabria, Extremadura, la Región de Murcia, Ceuta y Melilla.
Según el informe, recogido por Europa Press, la dotación total de los FCI ascendió en 2024 a 432,43 millones de euros, una cuantía que permanece invariable desde 2014, cuando culminó un proceso de reducción que ha dejado estos fondos en apenas un tercio de la dotación existente en 2009.
En este contexto, el órgano fiscalizador subraya que, "derivada de la escasa dotación de estos fondos, la consecución del fin para el que fueron previstos se ve seriamente condicionada".
DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS
El Tribunal de Cuentas también ha constatado deficiencias comunes en la ejecución y el control de los proyectos financiados con cargo a los FCI. En particular, señala que, con la excepción de Cantabria, los proyectos se definen de manera genérica, lo que dificulta el seguimiento del destino concreto de los recursos.
Además, advierte de que la práctica de admitir proyectos descritos de forma genérica, unida a la "laxitud" en la justificación de las modificaciones, permite sustituir proyectos con un bajo grado de ejecución por otros que ya se han ejecutado en su totalidad durante el mismo ejercicio.
A juicio del órgano fiscalizador, esta circunstancia convierte la financiación con cargo a los FCI en una financiación "prácticamente incondicionada", con la única limitación de que los recursos se destinen a proyectos de inversión.