Mezquita ha considerado un "éxito" la reapertura del complejo de Sniace, en el que sólo falta por ponerse en marcha Viscocel cuya entrada en funcionamiento está prevista para el próximo año, y ha destacado tanto la progresiva incorporación de trabajadores como la "receptividad" del mercado.Por otro lado, los sindicatos de Sniace, molestos con las formas y la actitud de la empresa.

La sentencia, que ha dado a conocer UGT, ratifica otro fallo judicial previo del Juzgado de lo Social

Los regionalistas quieren que esa situación se "clarifique", que los trabajadores "no se vean afectados" y que los ciudadanos "no sean perjudicados".

Una sentencia del TSJC considera que el convenio colectivo que promovió el PP supone un incumplimiento de la legalidad presupuestaria.El propio Gobierno 'popular' ya denunció esta situación generada por la dirección de Cantur nombrada por Ignacio Diego

La cifra supone un incremento del 4,1% respecto al 2015, y es la cifra más alta de toda la serie histórica.

Los trabajadores, peones contratados por obra o servicio, reclamaban al Ayuntamiento el pago de las diferencias entre el salario percibido durante la vigencia de sus contratos -del 12 de febrero y el 11 de agosto de 2015-, a razón de 779,44 euros brutos mensuales, y el que los demandantes entendían que les correspondían -el previsto en el convenio colectivo- que estimaban en 1.674,79 euros al mes o, subsidiariamente, lo que debieron percibir según el informe de la Secretaria Municipal a razón de 1.111,26 euros al mes.

Cibernos Outsourcing en Cantabria, es una subcontrata que gestiona la actividad del Búnker del Banco Santander, en Medio Cudeyo.

La plantilla al completo vuelve a trabajar "muy ilusionada" en la fábrica con un primer pedido que, aunque reconocen que "no es mucho", sí esperan que "después lleguen más y no tengamos que parar". Fundinorte prevé construir una nueva nave, lo que da "más confianza" a los trabajadores.

Entre 2010 y 2015 el número de estas horas no pagadas ha crecido un 33,5%, sufriendo un repunte en 2012.

La Seguridad Social ha dejado de percibir 3.500 millones de euros en forma de cotizaciones no pagadas.

El magistrado considera que se utilizaba a estos orientadores del Servicio Cántabro de Empleo para hacer el trabajo de funcionarios, incurriendo en una “clarísima cesión ilegal” de trabajadores.