Terrazas hasta medianoche, sin elementos fijos ni estufas de gas y con limitación de aforo, entre las medidas de los vecinos de Pombo, Cañadío y Ensanche
La Asociación de Vecinos de las Plazas de Pombo, Cañadío y Ensanche ha presentado al Ayuntamiento de Santander un documento con 21 propuestas de mejora al borrador de la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de las Terrazas de Hostelería. Y entre ellas, algunas de las más importantes afectan a los horarios y el aforo de las mismas, que los vecinos quieren limitar hasta el punto de que no puedan abrir más allá de la medianoche en el mejor de los casos.
“El objetivo de estas sugerencias es el de armonizar la normativa municipal con las ordenanzas vigentes en otras ciudades del país, promoviendo una regulación moderna, coherente y adaptada a las buenas prácticas actuales, que apuestan por reforzar la convivencia entre el derecho al descanso de los vecinos y la actividad hostelera, así como promover un entorno urbano más limpio, accesible y sostenible”, señala la asociación en un comunicado.
REDUCCIÓN DE HORARIOS
La principal petición es la reducción de los horarios de cierre, con el fin de “proteger el descanso vecinal y la calidad de vida en las zonas más afectadas por el ruido nocturno”. Sobre esto, lo que proponen los vecinos es que las terrazas cierren a las 23:00 horas en invierno, 23:30 en verano y a medianoche los fines de semana.
Además, se solicita eliminar la posibilidad de ampliar el horario durante las fiestas de Santiago, “una medida incoherente con los objetivos de control ambiental”, según el documento.
CONTROL DE RUIDO
Otra de las principales sugerencias de la Asociación es la de incorporar un sistema de control objetivo del ruido mediante sonómetros homologados con transmisión de datos en línea, de modo que “la concesión y mantenimiento de licencias quede condicionada al cumplimiento de los niveles acústicos” establecidos en la Ordenanza de Control Ambiental del Ayuntamiento de Santander.
Asimismo, se solicita la “prohibición de elementos no desmontables como los barriles o toneles”, así como la “eliminación de televisores o pantallas” en terrazas, que provocan “contaminación acústica y lumínica, especialmente en zonas residenciales”.
MEDIO AMBIENTE
En materia ambiental, la Asociación plantea la eliminación de las estufas de gas por sus emisiones de CO₂, sustituyéndolas por estufas eléctricas de bajo consumo. También es destacable la “prohibición de publicidad en terrazas, con el fin de preservar la imagen urbana” y proteger entornos de especial valor patrimonial o artístico.
Junto a estas, otras medidas que destacan los vecinos son la “señalización perimetral obligatoria de las terrazas mediante marcas visibles y antideslizantes”; “limitación del aforo al 50% del autorizado en el interior del local”: y “actualización de las sanciones conforme al IPC y refuerzo de la tipificación de infracciones acústicas”.
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
Para la Asociación, "la verdadera garantía de convivencia es el cumplimiento de la legislación vigente en materia de ruido y ocupación del espacio público".
“Llenar y limitar el debate a repetir la palabra ‘convivencia’ cuando, noche tras noche, se superan los límites acústicos permitidos es tramposo y torticero”, han criticado los vecinos, para los que “la convivencia real se construye con hechos y con datos, no con declaraciones”. En este sentido, añaden que “la convivencia supone respetar horarios, controlar las emisiones sonoras y asegurar que la actividad hostelera no invada los derechos fundamentales del vecindario ni afecte a su salud”.
GARANTIZAR UN EQUILIBRIO REAL
Desde la Asociación se subraya que las propuestas aportadas “no pretenden perjudicar la actividad hostelera, sino garantizar un equilibrio real entre la dinamización urbana y el respeto al entorno vecinal y al medio ambiente”. “Queremos una ordenanza moderna, eficaz y justa, que proteja la convivencia y la calidad de vida en Santander”, añaden.
Finalmente, la Asociación ha mostrado su “extrañeza y malestar ante el hecho de que, a instancias de la Asociación de Hostelería, el Ayuntamiento decidiera ampliar el plazo legal de consulta sin anunciarlo públicamente, más allá de una breve reseña en un apartado poco visible de la web municipal”.
“A nuestro entender, este modo de proceder dificulta que otras entidades vecinales y la ciudadanía hayan podido participar en igualdad de condiciones en un proceso que debería haber sido más abierto y transparente”, apuntan los vecinos, que recuerdan que “las normas son públicas y están para cumplirlas sin modificaciones para colectivos privilegiados, todo el mundo ha sabido a qué atenerse desde el principio y el gobierno municipal no está para satisfacer los caprichos de nadie”.