Cantabria baraja recurrir la regularización de migrantes, al igual que otras comunidades gobernadas por el PP
El Gobierno de Cantabria se suma a otras comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, Aragón, Murcia, la Comunitat Valenciana y Baleares, además de Castilla-La Mancha, y estudia la posibilidad de recurrir la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno central. El Gobierno de Buruaga analizará jurídicamente la regularización de migrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros y la llevará a los tribunales "si hay la más mínima posibilidad", ya que considera que va a generar "mucha más tensión y sobrecarga aún en nuestros servicios públicos", algunos ya en una situación "límite".
Para la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, esta medida impulsada por el Gobierno central para "responder al chantaje de sus socios" supone "favorecer la quiebra de la convivencia, el efecto llamada y el negocio para las mafias", de modo que se utilizarán "todos los instrumentos políticos y jurídicos que tenemos a nuestro alcance para combatirla".
"Creo que un país serio, un país que pertenece a la Unión Europea no puede mandar el mensaje de que se ha convertido en un destino en el que la irregularidad se premia. No puede ser más rentable incumplir las normas que cumplirlas", ha sentenciado Buruaga este miércoles en Pomaluengo (Castañeda) tras inaugurar un parque infantil, a preguntas de los medios después de que varias comunidades gobernadas por el PP ya hayan manifestado su intención de acudir a la justicia.
La presidenta ha advertido que "ni siquiera se sabe" cuántas personas podrían acogerse a la regularización en la comunidad, aunque ayer el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, dijera que unas 2.000.
Para la jefa del Ejecutivo, esta medida es "una absoluta temeridad" y el "mayor coladero de la historia de nuestro país". Y ha recalcado que está a favor de la inmigración legal, vinculada al empleo, de quien "viene con un contrato de trabajo, cumpliendo la ley, compartiendo nuestra lengua y nuestra cultura y contribuyendo a la sociedad".
"Se puede ser firme en solidaridad y ser también exigente y contundente en las exigencias y en los requisitos. Hay que venir a aportar. El que necesite ayuda la tendrá, pero con el paraguas de la ley; y el que viene a delinquir, se tendrá que ir", ha sentenciado.
Por ello, ha defendido que este debate no va de "inmigración sí, inmigración no", sino de la diferencia entre inmigración legal e ilegal, que es, a su juicio, donde "lo está queriendo situar en este momento el Gobierno".
Así, ha opinado que la medida del Ejecutivo central "no genera contribuyentes", sino "beneficiarios que van a generar mucha más tensión y sobrecarga aún en nuestros servicios públicos", como en las prestaciones sociales, la sanidad —con listas de espera que "los cántabros conocen y padecen"— y el acceso a la vivienda.
"Llueve sobre mojado", ha apostillado, porque "todas las decisiones que toma el Gobierno de España acaban recayendo siempre sobre los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y por lo tanto las acaban pagando siempre los vecinos, en este caso los cántabros, con sus impuestos".
RESPUESTA NACIONAL
A nivel nacional, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo que cese en su intento de "embarrar" y "boicotear" a las "miles" de personas migrantes que podrían acogerse al proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno, y ha reclamado a los populares una "oposición a la altura de lo que necesita este país".
Saiz ha recordado que la reforma del reglamento de extranjería ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y cuenta con el aval del Consejo de Estado, y ha insistido en que las críticas del PP no perjudican al Ejecutivo, sino que afectan directamente a "miles de ciudadanos que esperaban esta norma", subrayando que "hoy hay más gente feliz y sin miedos" gracias a este cambio.
La ministra ha calificado además de "incoherente" la actitud de los dirigentes autonómicos del PP, que por un lado celebran las cifras de afiliación extranjera en sus comunidades y, por otro, "no redimensionan los servicios públicos para dar respuesta a las personas que viven en sus comunidades".