Los exconsejeros de Sniace creían que tenían autorización para verter al río y no les consta nada "ilegal"

Los exconsejeros de Sniace enjuiciados por los vertidos contaminantes de esta empresa de Torrelavega al cauce del Saja-Besaya entre 2008 y 2010 consideran que tenían permiso para verter al río al estar "amparados" por la Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida por el Gobierno de Cantabria a la fábrica y creen así que no hicieron nada "ilegal".

Además, todos han coincidido en señalar al entonces secretario del Consejo de Administración como la persona que se encargaba de los temas medioambientales, pues además era el asesor jurídico de la compañía.

Así lo han manifestado este lunes durante los interrogatorios de las partes en la repetición del juicio, tras la anulación parcial del anterior y de la sentencia que condenó a cada uno de los exconsejeros acusados y al que fuera jefe de operaciones de la fábrica a tres meses y medio de prisión por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente. Ahora, en esta vista, ante la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander, se enfrentan a seis meses de cárcel que pide para ellos la nueva fiscal del caso, tras haber eliminado la continuidad delictiva.

Esta jornada han comparecido los ocho procesados, incluido el entonces presidente de la compañía, Blas Mezquita, otros seis antiguos miembros del Consejo de Administración (Jesús Manuel Zaballa, Manuel Huerta, Antonio Temes, Víctor Guzmán, Julio A. García y Juan Yago) y el en su día director de operaciones de la planta, José Francisco González Payno, que al igual que los anteriores ha dicho que "nunca" tuvo "dudas" de que estuviesen haciendo algo "fuera de la ley".

Este último fue condenado por el juez de lo Penal 2 de Santander -que en vez de repetir el juicio como le ordenó la Audiencia de Cantabria se ratificó en el fallo que había dictado- como autor penalmente responsable de un delito contra el medio ambiente por los vertidos contaminantes de Sniace al río, en tanto que los primeros lo cometieron por omisión.

EL TEMA MEDIOAMBIENTAL LO LLEVABA GÓMEZ DE LIAÑO

En la nueva ronda de interrogatorios, Mezquita ha indicado -al igual que han hecho los otros exconsejeros- que ese tema y todo lo relacionado con el medio ambiente "lo llevaba Gómez de Liaño", que en su testifical -practicada el pasado lunes y por orden también del tribunal de apelación- negó que fuera responsable legal de la compañía, en la que según dijo ejercía como consejero y secretario.

El expresidente ha explicado que las reuniones del Consejo eran mensuales y que todas se celebraban en Madrid menos una en verano que tenía lugar en la fábrica en Torrelavega.

Se ha remitido a algunas actas para indicar que el secretario, que era quien "despachaba" temas de medio ambiente con el jefe de operaciones y con una trabajadora de la fábrica dada la "complejidad" técnica y jurídica de estos asuntos, informaba después al Consejo de la Administración de aquellos asuntos que consideraba "relevantes".

Ha puesto como ejemplo la negociación y tramitación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida por la Consejería del Gobierno de Cantabria en 2008 para verter aguas del proceso fabril a la ría de San Martín a través de un colector -y solo las de refrigeración y pluviales al Saja-Besaya-. Previamente, en 2006 la entonces Confederación Hidrográfica del Norte había revocado la concedida en 2002 por los vertidos al río.

Mezquita ha admitido que conocían este último extremo, pero ha apuntado al respecto que se solicitó una nueva autorización al organismo de cuenca, después denominado Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Ha añadido que tanto la petición como la competencia pasaron a la comunidad autónoma, de modo que en diciembre de 2007 el Ejecutivo regional resolvió conceder un permiso a la factoría para verter durante "seis meses". Pero ha resaltado que "antes" de que finalizara este periodo, Sniace obtuvo la AAI, que conllevaba un plazo de varios meses para adaptarse a la normativa.

UN MONTÓN DE DINERO Y ACTUACIONES

En este sentido, el que fuera máximo responsable de la sociedad ha destacado el plan de inversiones y obras previsto por la empresa en la materia, dotado con más de 100 millones de euros y de los que cuando se logró la AAI se habían ejecutado ya casi 70 millones, según ha cifrado, para precisar así que de ese "montón" de dinero y actuaciones solo "faltaba" la depuradora.

Y en cualquier caso, ha asegurado que "nunca" ninguna administración cuestionó o advirtió a Sniace sobre los vertidos que realizaba durante el tiempo de los hechos enjuiciados, punto en el que ha abundado que la Confederación recogía y analizaba muestras "dos veces" a la semana y la Consejería estaba "prácticamente todo el día encima" de la factoría por el tema de los residuos.

Solo hubo un aviso en ese sentido, según ha asegurado Mezquita. Fue en diciembre de 2009, cuando Gómez de Liaño les trasladó el "riesgo" de que hubiera algún "reproche" a la empresa por el vertido al cauce fluvial, momento en el que el Consejo de Administración planteó parar la actividad si en "24 horas" no obtenía respuesta del organismo de cuenca, que autorizó -ha dicho- los vertidos con los mismos parámetros de la AAI hasta febrero de 2010.

A propósito de esa posible advertencia y del hipotético cierre de Sniace, uno de los consejeros (Huerta) ha declarado que se desplazó junto a otro (Zaballa) de Madrid a Santander para tratar el asunto con el consejero de Medio Ambiente del Gobierno, Francisco Martín, que les aseguró que no había "ningún problema", y así lo trasladaron después al Consejo, donde siempre se adoptaban las decisiones "por consenso".

Y todos los consejeros, que lo eran con carácter independiente o en representación de alguna empresa pero sin formación en medio ambiente (eran de ramas como la jurídica o sanitaria, entre otras) han subrayado que la AAI recogía "todas las autorizaciones necesarias" para el desarrollo de la actividad fabril y han corroborado igualmente que el secretario era el "responsable" de los temas medioambientales y quien informaba "siempre" al órgano de dirección de lo que consideraba "pertinente". Así, "nada" les hizo pensar que estuvieran haciendo algo "no autorizado".

"En ningún momento tuve conocimiento de que se estaba haciendo algo ilegal", ha dicho uno de ellos, en tanto que otro ha resaltado que Sniace "cumplía todos los hitos" que se marcaban a la empresa, mientras había "impedimentos" de administraciones.

UN SEGUNDÓN

De su lado, el jefe de operaciones en el momento de los hechos, ingeniero de Minas de formación, ha expresado que se llegó a "un extremo" en el que un técnico como él no tenía "capacidad para saber en qué maremagnum" de normativa medioambiental se movían, ámbito en el que él era "un segundón".

En cualquier caso, ha defendido que la AAI era un "compendio" de todas las autorizaciones que les permitía seguir la actividad mientras terminaban de ejecutar las obras previstas. Y por lo demás, ha negado que él pudiera decidir sobre los vertidos o parar la fábrica: "No es dar un botón rojo".

REPRODUCCIÓN DE UNA TESTIFICAL Y CONCLUSIONES E INFORMES

Además, en la sesión se ha reproducido la declaración en el anterior juicio de un testigo que no ha podido asistir por motivos de edad y salud: el jefe de la Sección de Autorizaciones de la Consejería, que manifestó entonces que en el informe tras otorgar la AAI concluyó que Sniace no había "adoptado" las medidas requeridas.

La vista continuará y concluirá este miércoles con las conclusiones e informes finales de las partes y el derecho de los acusados a la última palabra.