Vecinos de la playa de Merón denuncian una “discriminación arbitraria” del Ayuntamiento en la nueva ordenanza de aparcamiento
La Asociación de Vecinos de la playa de Merón, en San Vicente de la Barquera, ha denunciado lo que considera una “discriminación arbitraria” por parte del Ayuntamiento gobernado por PSOE y PP en la modificación de la ordenanza fiscal nº12, que regula el aparcamiento. Y es que, como han explicado a eldiariocantabria.es, dicha modificación contempla un precio por estacionamiento que, sin embargo, no afecta a los vehículos con domicilio fiscal en el municipio, algo que deja fuera a propietarios de segundas residencias y negocios, así como a trabajadores de estos negocios que procedan de localidades cercanas.
A principios de año, el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera aprobaba inicialmente dicha modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por entrada de vehículos o carruajes a través de las aceras, reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de vehículos de cualquier clase y aparcamiento en determinadas vías y espacios públicos, que establece una tarifa de 20 céntimos por minuto y un máximo de 15 euros al día en la zona de playa del 1 de mayo al 15 de octubre, es decir, en temporada alta. Antes de la modificación, la ordenanza contemplaba una tasa de 3 euros al día para esta zona, igualmente con la bonificación del 100% para los vehículos con domicilio fiscal en San Vicente.
RECURSO ANTE LOS TRIBUNALES
Durante el periodo de información pública, los vecinos afectados, que representan a 130 viviendas no destinadas a uso turístico (muchas de ellas sin garaje asociado a la vivienda porque, como detallan, "el Ayuntamiento, en su momento, autorizo a la constructora a construir los edificios sin plazas de garaje"), presentaron una serie de alegaciones que, sin embargo, fueron rechazadas por el Consistorio en su totalidad. Estos vecinos tienen que dejar los coches al aire libre en su urbanización, precisamente por no contar con garaje propio. Sin embargo, esta se llena de autocaravanas -como puede verse en la imagen-, por lo que no pueden aparcar ahí y se ven obligados a dejarlo en el aparcamiento de la playa.
Esto implica, como señalan, que para poder dejar su vehículo "tendrían que pagar 15 euros diarios" con la nueva ordenanza, lo que supone cinco veces más que antes de la modificación, mientras que "los usuarios de las autocaravanas saturan las calles de la urbanización de forma gratuita, permaneciendo algunas durante todo el verano, a pesar de la prohibición de pernoctar".
Ante esto, y como han explicado a este medio, están a la espera ahora de la publicación de la ordenanza definitiva en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), y si finalmente se mantiene el texto original, están decididos a llevar la decisión municipal ante los tribunales, solicitando medidas cautelares al juzgado para que estas tasas no se cobren hasta que no haya resolución judicial firme". Todo esto sin descartar otras acciones como manifestaciones que impidan el paso de vehículos.
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD
En sus alegaciones, la Asociación de Vecinos señala que esta modificación “mantiene la distinción de trato” que ya existía en la ordenanza de 2024, “basada exclusivamente en un criterio formal” del domicilio fiscal del vehículo, es decir, el empadronamiento. Pero como recuerdan los afectados, “el empadronamiento o no en el municipio como único criterio tenido en cuenta por la administración local para establecer bonificaciones fiscales es contrario al derecho fundamental a la igualdad del artículo 14 de la Constitución Española”.
En consecuencia, esta distinción establecida por el Ayuntamiento sería una “discriminación arbitraria” al no tener una “justificación objetiva” -no existe un coste diferencial entre el aparcamiento de un vehículo domiciliado en el municipio y el de otro que no- ni reconocer la “identidad de situación contributiva”.
Sobre este último aspecto, la Asociación señala que sus integrantes son “contribuyentes estables” para el Ayuntamiento de San Vicente, al que pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y otras tasas municipales como el agua o las basuras, con lo que se financian “de forma directa e indirecta las infraestructuras que ahora se les cobra por utilizar”.
ARBITRARIEDAD DEL AYUNTAMIENTO
Asimismo, denuncian que el Consistorio que dirige Charo Urquiza incurriría en una “arbitrariedad de los poderes públicos”, y recuerdan que ellos son “contribuyentes con igual vinculación en el municipio” que otros que pagan esas mismas tasas. Por eso, reiteran, se quiebra el principio de igualdad, ya que el Ayuntamiento convierte “el aparcamiento de la playa en un servicio tan oneroso para el propietario, pero gratuito para otros ciudadanos por el mero hecho de su empadronamiento”.
En este sentido, en sus alegaciones recordaron varias sentencias previas que ya dejaron claro que “el padrón o domicilio fiscal no son criterios válidos para establecer diferencias de trato” en tasas por servicios públicos si no existe una memoria económica que lo justifique.
Por todo ello, solicitaban al Ayuntamiento un cambio de redacción en la modificación de esta ordenanza que, además del empadronamiento, contemplase también el pago de tasas como acreditación de la condición de propietario. Sin embargo, ninguna de estas alegaciones fue aceptada, algo que también criticó la oposición en un pleno posterior.
NUEVA CUOTA TRIBUTARIA
El acuerdo del pleno de San Vicente de la Barquera, en el PSOE y PP ostentan mayoría absoluta, establece otras cuotas además de la ya mencionada. Así, para autobuses y vehículos de más de 8 plazas autorizadas, se establece un bono por importe de 10 euros al día.
Además, se establece la posibilidad de adquirir un bono semanal (7 días naturales) para aparcar en los periodos que contempla la ordenanza, con una tarifa de 25 euros. Esto implicaría que los propietarios afectados de estas viviendas, obligados a dejar sus vehículos en el aparcamiento de la playa, tendrían que invertir unos 100 euros al mes.
La modificación de la ordenanza contempla, además, que en “otras zonas debidamente señalizadas” diferentes a las de la playa la cuota por vehículo y minuto en espacios con limitación horaria de aparcamiento debidamente señalizada será de 30 céntimos por minuto. Esto implicaría que, si se aparca durante una hora, el coste sería de 18 euros.
DEMARCACIÓN DE COSTAS
Ante el rechazo que desde el Ayuntamiento han tenido las alegaciones de la Asociación de Vecinos, los afectados elevaron lo ocurrido ante la Demarcación de Costas, alegando que esta ordenanza “resulta desproporcionada e impide el uso igualitario de la playa por todos los ciudadanos”.
El motivo de recurrir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico era la posibilidad de que el Consistorio incurriera en posibles “actuaciones no autorizadas” en el ámbito de gestión de Costas, como es la zona en la que se encuentra el aparcamiento de la playa de Merón.
Sin embargo, desde Costas se aclaró que el Ayuntamiento está autorizado a la gestión del aparcamiento mediante control de accesos y pagos de tarifas. Pero también detalla que el canon vigente que el Ayuntamiento paga al Ministerio para el uso del dominio público marítimo-terrestre es de 286,12 euros al año, una cantidad notablemente inferior a la que recaudarán en un solo día no solo con estas nuevas tarifas, sino con las previas a la modificación.