URBANISMO

La urbanización que pone en jaque un Bien de Interés Cultural suma más de 200 firmas que exigen respuestas al Ayuntamiento por “contribuir al deterioro inexorable del patrimonio"

 Ayuntamiento de Medio Cudeyo
Ayuntamiento de Medio Cudeyo

El proyecto urbanístico ‘Villa de Heras’, que contempla la construcción de 30 chalés adosados en el entorno de la Torre de Alvarado, un monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1949, ha provocado una fuerte polémica y rechazo entre los vecinos del municipio de Medio Cudeyo, según ha adelantado El Diario Montañés

La Torre de Alvarado, fortificación del siglo XIV y parte de una red de torres vigías que protegían la bahía de Santander, cuenta con un entorno protegido desde 2015, para preservar su valor histórico y evitar impactos urbanísticos que puedan alterar su carácter patrimonial y paisajístico.

Sin embargo, el desarrollo de esta urbanización, que actualmente se encuentra en avanzado estado de construcción, ha generado una ‘oleada’ de críticas por posibles vulneraciones a la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria. De hecho, se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía regional, y el pasado julio la Inspección del Servicio de Patrimonio Cultural abrió expediente por la tala sin autorización de encinas, especie protegida en la comunidad.

Los vecinos han promovido una recogida de firmas que supera las 200 adhesiones, que "exigen mayor transparencia y respuestas por parte del Ayuntamiento de Medio Cudeyo y la Junta Vecinal de Heras", ante la falta de contestación a sus consultas, apunta El Diario Montañés.

La historiadora y licenciada en Historia, Montserrat Cumbría, analizó ya hace más un año en sus redes sociales como la construcción de estos chalets resulta “emblemático para reflexionar sobre cómo las figuras legales de protección muy a menudo contribuyen al deterioro inexorable de nuestro patrimonio cultural”.

El terreno dónde ahora se encuentran los chalets, fue adquirido por la constructora cántabra Produque a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que ya recurrió sin éxito en 2015 la declaración del entorno protegido. El primer proyecto presentado en 2022 fue rechazado por Patrimonio por no cumplir los requisitos legales sobre conservación del paisaje y entorno de la torre. Posteriormente, la propuesta fue modificada para mantener un “pasillo visual” entre los chalets hacia el monumento, que permita divisar la torre, manteniendo la volumetría original.

La Dirección General de Patrimonio Cultural autorizó esta segunda versión en marzo de 2023, y el Ayuntamiento de Medio Cudeyo, gobernado por PSOE y PRC, aprobó el proyecto. El concejal de Urbanismo, Alfonso Maza, defiende que se han cumplido todos los requisitos legales y recuerda que la licencia fue otorgada por la Consejería de Cultura: “Si Cultura llega a decir que no se puede hacer eso, no se habría hecho”.

LA GESTIÓN PÚBLICA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Cumbría criticó duramente la gestión pública y la falta de una estrategia eficaz: "Conservar y mantener el patrimonio cuesta mucho dinero. La Administración, máxima responsable, no tiene ni recursos ni a menudo ganas o buenas ideas para preservar estos bienes. Al mismo tiempo, impide o dificulta que empresas, instituciones y propietarios apuesten por lo que podría ser una 'economía de base patrimonial-cultural', generando riqueza y apego social."

Sin embargo, desde Produque aseguran que han cumplido con todos los filtros administrativos necesarios. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico informa que no han recibido notificación formal sobre la denuncia y que colaborarán si se les requiere.

PREGUNTAS

Ante esto, la historiadora se hace varias preguntas: “¿De qué sirven declaraciones de protección que no protegen el patrimonio, que bloquean o limitan su recuperación y su uso social, que obstaculizan su potencial como motor de una dinamización del territorio que revierta en la sociedad y muy especialmente en el rural? ¿No sería mejor encontrar y promover formas de colaboración público-privadas, facilitando e incluso premiando iniciativas de restauración, recuperación y uso social de nuestro patrimonio? El caso de la torre de Alvarado es un buen ejemplo de ello”.

La polémica también se ha manifestado en pintadas contra el Ayuntamiento y la Junta Vecinal en muros de la urbanización, reflejando la tensión social que rodea el proyecto.