Suspenden los plazos procesales en todo el país durante este lunes y martes por "razones de fuerza mayor"
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido interrumpir los plazos procesales en todo el territorio nacional a causa del apagón ocurrido este lunes, medida que afecta tanto a la jornada de ayer como a la de este martes, por "razones de fuerza mayor". Tal como ha comunicado el propio CGPJ, "esta suspensión no impedirá la válida realización de actos procesales urgentes e inaplazables o para la tutela de derechos fundamentales, o aquellos que puedan celebrarse con plenitud de garantías".
Asimismo, se ha especificado que "cada órgano jurisdiccional valorará, en función de las circunstancias concretas, la conveniencia de suspender vistas y actos procesales señalados para el día de hoy". Además, se indica que "la inasistencia de abogados, partes o personas obligadas a comparecer se presumirá justificada".
"Cada órgano jurisdiccional valorará, en función de las circunstancias concretas, la conveniencia de suspender vistas y actos procesales señalados para el día de hoy"
Durante una reunión de urgencia celebrada anoche por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, se recordó que el lunes debía considerarse como día inhábil desde el punto de vista procesal, en virtud de lo establecido por la legislación vigente. En este sentido, el Consejo explicó que "de acuerdo con el artículo 135.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando la presentación de escritos perentorios no sea posible por interrupciones no planificadas del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas, el remitente podrá proceder a su presentación el primer día hábil siguiente, acompañando el justificante de dicha interrupción".
También se apuntó que, conforme al marco normativo y "conforme al artículo 281.4 de la misma ley, no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general", lo cual aplicaría a la situación actual.
El Consejo también ha indicado que, "sin perjuicio del seguimiento que se realizará a lo largo del día de hoy, mañana la Comisión Permanente se reunirá nuevamente para valorar la conveniencia de prorrogar estas medidas o acordar otras en función de las circunstancias".
LA ABOGACÍA PIDE "MEDIDAS EXCEPCIONALES"
Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española ha emitido este martes un comunicado en el que considera "imprescindible" implementar "medidas excepcionales" para hacer frente a los efectos del apagón. Entre las propuestas planteadas, se incluye la paralización de los plazos procesales y la petición de que, ante las dificultades para desplazarse, "la inasistencia de cualquier abogado o abogada a un señalamiento judicial suponga la inmediata suspensión del acto programado, dando por supuesto que su ausencia es consecuencia de la situación crítica en la que nos encontramos".
También han solicitado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se suspendan todos los plazos administrativos, tanto a nivel estatal como autonómico y local, abarcando todas sus formas posibles.
"Entendemos que estas medidas son imprescindibles para garantizar de manera efectiva los derechos de los ciudadanos"
Ha señalado el Consejo General de la Abogacía a través de una nota de prensa difundida por Europa Press. Además, informaron que desde el lunes mantienen un contacto continuo con el Ministerio de Justicia con el objetivo de seguir de cerca el restablecimiento de los sistemas digitales. Asimismo, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha trasladado este martes a la Abogacía los problemas detectados en el funcionamiento del sistema Lexnet, informando que están trabajando para recuperar la operatividad del servicio lo antes posible.
En la misma línea, el Consejo General de Procuradores también ha emitido un comunicado en el que insta a mantener la suspensión de los plazos procesales "mientras persista esta situación de fuerza mayor, ante la dificultad de los desplazamientos a las sedes judiciales y las comunicaciones electrónicas y los accesos a Lexnet".
Finalmente, han añadido que "la falta de suministro impide las comunicaciones, el acceso a los sistemas de gestión procesal y al ejercicio efectivo del derecho de representación, por lo que no se dan las mínimas garantías para un procedimiento justo".