Los propietarios de viviendas turísticas plantarán cara en los tribunales al PP por su decreto "retroactivo e inconstitucional" que beneficia a los fondos buitres

El decreto de viviendas turísticas impulsado por el PP de María José Sáenz de Buruaga entraba en vigor ayer viernes tras su publicación en el BOC. Después de muchos retrasos, de idas y venidas en las fechas anunciadas a bombo y platillo por el propio Ejecutivo ‘popular’, la norma que ahora ha visto la luz parece no haber gustado a casi nadie. Ya no es solo la oposición la que ha denunciado que el Partido Popular parece querer beneficiar más a fondos buitres que regular realmente la situación, sino que los propios afectados, los propietarios de estas viviendas, han ido un paso más allá y llevarán el decreto ante los tribunales.

Así lo ha anunciado este sábado la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN), que no solo ha mostrado su "firme" oposición al decreto, sino que ha anunciado que solicitará la suspensión cautelar "inmediata" de su aplicación. Y por si esto fuera poco, ha advertido que está estudiando "todas las acciones legales disponibles", en las que incluye demandas por daños y perjuicios derivados de un documento que afecta directamente a más de 60.000 personas.

RETROACTIVO E INCONSTITUCIONAL

En un comunicado, el colectivo tacha el decreto aprobado por el Gobierno de Cantabria como una norma "retroactiva e inconstitucional" en la que "impone inseguridad jurídica y caos municipal".

Al respecto, critica que, "pese a anunciarse como un único decreto autonómico", en la práctica equivale "a 102 normativas distintas, al delegar toda la regulación en los municipios".

ABDICACIÓN DE RESPONSABILIDADES

A su juicio, esto supone "una abdicación de responsabilidades autonómicas sin precedentes en materia turística" e incide en que más del 50% de los ayuntamientos cántabros "ni siquiera" disponen de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor, y, únicamente, dos hacen alguna mención a la figura de la vivienda de uso turístico.

El colectivo une esta "cesión" de competencias del Ejecutivo a lo que "ya ocurrió" con el Registro de Viviendas de Uso Turístico, "donde la Consejería no ha recurrido el decreto que lo regula, como ya han hecho otras Comunidades Autónomas defendiendo sus competencias". Una situación que dice "repite" al "no asumir las consecuencias de su propia norma".

PRÁCTICA PROHIBIDA

Por otra parte, califica la aplicación retroactiva del decreto como "lo más grave", ya que "impone" nuevos requisitos o restricciones a licencias otorgadas con anterioridad "bajo el amparo de una legalidad vigente".

"Esta práctica está prohibida por la Constitución Española (artículo 9.3), el Código Civil (artículo 2.3) y ha sido reiteradamente rechazada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional", afirma aseverando que "no se trata de una interpretación jurídica y sí de una ilegalidad directa".

EXPULSA A LOS PROPIETARIOS INDIVIDUALES

Además, la asociación asegura que la norma "expulsa" del mercado a los propietarios individuales, que "no podrán asumir la complejidad normativa, el riesgo legal ni la incertidumbre urbanística".

En cambio, afirma que serán los grandes fondos de inversión y fondos 'buitre' los que "verán despejado el camino para acaparar el mercado permitiéndoles obtener este tipo de licencias hasta ahora solo posibles para propietarios individuales".

60.000 AFECTADOS

AVUTCAN hace hincapié en que el decreto regulador del uso de viviendas turísticas en Cantabria no afecta a una minoría sino que son más de 60.000 personas directamente afectadas, entre propietarios, trabajadores, empresas de limpieza, mantenimiento, gestión turística, transporte, comercio y hostelería.

"Generamos miles de empleos y riqueza en los pueblos y ciudades de Cantabria, y no vamos a permitir que se nos borre del mapa con una norma arbitraria", advierte.

DAÑOS Y PERJUICIOS

Por ello, además de la solicitud de suspender cautelarmente su aplicación, también anuncia que si alguna licencia "legalmente otorgada es revocada", presentará demandas por daños y perjuicios, "amparadas por el principio de confianza legítima y el marco jurídico vigente en el momento de la inversión".

"Frente a un decreto redactado desde la improvisación, el desprecio al marco legal y la cesión de poder a quienes no rinden cuentas, alzamos la voz unidos y organizados", sentencia el colectivo que asegura que no acepta "la inseguridad jurídica como norma ni el desmantelamiento de la economía local como modelo", concluye.