El PP agrava la situación de la sanidad cántabra: la falta de refuerzos de servicios mínimos durante la huelga pone en riesgo las ecografías del embarazo
La sanidad pública en Cantabria vuelve a estar en el foco de la polémica esta legislatura. Y el último caso está muy vinculado con algo tan delicado como el embarazo. El Servicio Cántabro de Salud (SCS), dependiente de la Consejería que dirige César Pascual, se ha visto obligado a poner en marcha actividad médica en horario de tarde, fundamentalmente las ecografías de embarazos. ¿El motivo? Que el PP que gobierna la comunidad no había reforzado los servicios mínimos durante la última huelga sanitaria, a pesar de anunciar que se negociaría.
El resultado de esa inacción por parte del departamento que dirige Pascual ha sido que, según alertó el Observatorio de la Violencia Obstétrica y adelantó la Cadena Ser, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla no se estaban realizando las ecografías de la semana 12, una prueba clave que debe realizarse en un momento muy concreto. Esta parálisis en las pruebas por la falta de refuerzos, unido a la relevancia de las mismas, ha obligado ahora a un horario extra que, evidentemente, deberá ser retribuido a los profesionales. En concreto, y como detalla el citado medio, 400 euros por jornada para la atención de siete pacientes.
SANIDAD CÁNTABRA
Lo ocurrido durante esta última huelga médica viene a sumarse a los problemas que ya arrastra de por sí la sanidad cántabra desde que comenzó la legislatura del PP. Prácticamente desde el primer año, los centros de salud han registrado problemas de personal, sobre todo durante los veranos, en los que han sido habituales las ausencias de médicos o enfermeras para disfrutar de sus merecidas vacaciones, sin que la Consejería de Pascual optase por reforzar este personal.
En los últimos meses, además, se ha añadido otra polémica, la del convenio con el Hospital Santa Clotilde por las lecturas de las mamografías. Un convenio que contempla el pago por parte del Ejecutivo de Buruaga de unos 256 millones de euros en 16 años (casi 16 millones de euros al año), algo que tanto oposición como sindicatos han valorado como un desvío de fondos públicos a un hospital privado.
A todo ello se suman las críticas y denuncias de trabajadores sobre la situación en la que deben ejercer su labor. Entre otras cosas, han llegado a alertar sobre la falta de material con el que trabajar y el riesgo que para muchos supone estar trabajando en el recinto de la Residencia Cantabria mientras se ejecutan los trabajos de demolición de los primeros edificios, algo que ha provocado grietas y temblores de los que han tenido que alertar los propios afectados para que se tomara la decisión de reubicarles.