La Justicia condena a la Consejería de Educación de Cantabria por vulnerar la libertad sindical y censurar al STEC
Un juzgado ha estimado el recurso contencioso-administrativo presentado por el STEC, el sindicato mayoritario del profesorado en Cantabria, y ha condenado a la Consejería de Educación a reponer una publicación eliminada de su portal virtual y a asumir las costas judiciales.
ORIGEN DEL CONFLICTO
La tensión entre la administración autonómica y los docentes se remonta al pasado mes de febrero, cuando la Consejería condicionó la mejora salarial del profesorado a la aprobación de los presupuestos de los próximos cuatro años (2026-2029). Los sindicatos rechazaron así esta medida -denominada por el consejero Sergio Silva como la "Cláusula Silva"- al considerarla un intento de utilizar al colectivo de profesores como moneda de cambio para forzar el acuerdo presupuestario. Bajo el lema "Somos docentes, no rehenes", el profesorado protagonizó diversas protestas en las calles de la región.
LA PROTESTA DEL CARTEL "SE BUSCA"
Para denunciar la situación, el STEC difundió un cartel inspirado en los tradicionales anuncios del oeste americano con las imágenes de Sergio Silva y de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, tachándolos de "muy peligrosos para la Educación Pública".
Paralelamente, la administración limitó los canales de comunicación directa de los sindicatos con los centros educativos, sustituyendo la lista de correo por un tablón sindical virtual de menor visibilidad. Cuando el STEC subió el cartel reivindicativo a este espacio, EduCantabria lo eliminó en dos ocasiones. Ante la negativa de la Consejería a cesar en la retirada de contenidos y su advertencia de que seguirían haciéndolo, el sindicato llevó el caso a los tribunales denunciando una vulneración de la libertad sindical y de expresión, así como la falta de respuesta a peticiones de información oficiales.
FALLO JUDICIAL
Por su parte, el departamento de Educación argumentó que la publicación afectaba al honor del empleador. Sin embargo, la magistrada determinó que la retirada de la imagen se hizo sin fundamento y vulneró el derecho fundamental a la libertad de expresión y de acción sindical.
Desde el STEC recuerdan que este no es el primer varapalo judicial para el Ejecutivo autonómico, recordando que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ya tumbó en su día los servicios mínimos fijados para la huelga del inicio del curso pasado por considerarlos abusivos. El sindicato ha reprochado además al Gobierno que prefiera la confrontación política en lugar de acudir a las mesas de negociación para atender las necesidades de la enseñanza pública en Cantabria.