La jueza de El Bocal amplía la acción penal a un tercer funcionario de Costas por seis posibles homicidios

La jueza que investiga el colapso de la pasarela costera de El Bocal en Santander, en la que el pasado marzo fallecieron seis estudiantes y otra joven resultó herida, ha ampliado la acción penal contra un tercer funcionario de la Demarcación de Costas en Cantabria por la posible comisión de seis delitos de homicidio y uno de lesiones, ambos por imprudencia grave.

Se trata del jefe de Servicio de Proyectos y Obras desde que se instaló la infraestructura hasta mayo de 2023, cuando se jubiló, y que se suma así a los otros dos investigados del departamento: quien le sucedió en el cargo y lo ostenta en la actualidad, Enrique Rodríguez Sánchez, y el jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, en calidad de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014 al que pertenece la estructura siniestrada.

La magistrada cree que la falta de mantenimiento del puente podría constituir una "negligencia grave" que justifica la acción penal por posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave -por los seis jóvenes que perdieron la vida, que eran de Camargo, Vizcaya (3), Guadalajara y Almería- y un delito de lesiones por imprudencia grave -por las heridas que sufrió la única chica que se salvó, de Álava- frente a los tres funcionarios de Costas.

Precisamente, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander que investiga lo ocurrido ha acordado que el médico forense examine a la superviviente para que informe sobre sus lesiones. Y ha rechazado la petición del Ayuntamiento para que el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela declare el próximo viernes, 24 de abril, como investigado en vez de hacerlo como testigo-perito, como está citado.

Tres semanas después, el 15 de mayo practicará toda la prueba pericial y se tomará también declaración a los tres técnicos investigados, según acuerda la jueza en un auto dado a conocer este martes y del que informa el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

En su resolución, sobre la ampliación de la acción penal al tercer funcionario de Costas, la magistrada justifica su decisión en el hecho de que desde que se instaló la pasarela y hasta su jubilación en 2023 "ostentó una posesión de garante respecto de la seguridad estructural" del puente y tuvo la "obligación de promover, ordenar o verificar las actuaciones de inspección y mantenimiento necesarias en tal lapso de tiempo".

Según se desprende del informe pericial encargado a un profesional independiente (ingeniero de Caminos de formación) y que achacó el accidente a un fallo en los apoyos de las vigas por la rotura de herrajes por corrosión, en este momento procesal se puede sostener "que la ausencia de inspecciones y mantenimiento adecuados pudo impedir, detectar y corregir el progresivo deterioro de la infraestructura, generando un riesgo relevante que se materializó en el colapso de la pasarela" el pasado 3 de marzo.

Para la instructora, "con su conducta omisiva cada responsable de la Jefatura de Obras pudo contribuir, concausalmente, al mantenimiento del riesgo no controlado que desembocó en el fatal resultado, concurriendo en sus personas, por el cargo que ostentaban y ostentan, una clara posición de garante y capacidad de actuar".

POSIBLE COMISIÓN DE SEIS DELITOS DE HOMICIDIO Y OTRO DE LESIONES

El auto señala que la falta de mantenimiento de la infraestructura podría constituir una "negligencia grave" y la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave -uno por cada víctima mortal- y un delito de lesiones por imprudencia grave -por las heridas que sufrió la superviviente-.

Precisamente, la magistrada, que por primera vez cita en sus resoluciones este tipo de ilícitos, ha acordado que el médico forense la examine para contar con un informe sobre la sanidad de las lesiones.

La resolución sostiene que con los datos que ofrece la pericial judicial, la pasarela estaba "abierta para su uso público sin ningún tipo de restricción, no sometida a ningún tipo de control o inspección y mantenimiento desde su construcción en 2014, y en donde aparentemente se utilizó como material para los herrajes de las vigas de apoyo uno ciertamente inadecuado para toda estructura sometida a un ambiente exterior sin cubrir (más aún cuando -apunta- se ubica en el mismo borde costero)".

Y continúa: "La ausencia total de inspecciones presumiblemente impidió detectar deterioros estructurales, limitándose las únicas actuaciones de mantenimiento realizadas a una intervención tardía y parcial, al centrarse exclusivamente en su estructura de madera".

Todas esas circunstancias "no permitieron abordar elementos críticos" y el colapso "pudo ser consecuencia de un deterioro progresivo no controlado". Por ello, considera que "la omisión de la diligencia debida" presenta en estos momentos "caracteres de negligencia grave" que "justifica la acción penal ya ejercida por posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave en su modalidad agravada por pluralidad de víctimas, y un delito de lesiones por imprudencia grave frente a los investigados".

15 DE MAYO DECLARACIÓN DE TÉCNICOS INVESTIGADOS

Los tres funcionarios de Costas declararán como investigados el 15 de mayo, en una sesión en la que se practicará además toda prueba pericial: tanto la judicial -cuyo perito ya ha entregado su informe a la magistrada- como las interesadas por la acusación particular y las defensas.

En una providencia también dada a conocer este martes, la magistrada autoriza el acceso al lugar de los hechos para realizar inspección ocular y toma de muestras a todos los peritos propuestos por las partes: los de las defensas del jefe de la Demarcación de Costas y del actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras; y también al perito elegido por las acusaciones particulares, que han anunciado que aportarán un único informe.

Deberán entregarse tres días antes del 15 de mayo, para que todas las partes puedan conocer su contenido antes de esa fecha en la que se practicará la prueba.

RECHAZA INVESTIGAR AL INGENIERO QUE FIRMÓ EL SUBPROYECTO DE PASARELAS

Por otro lado, la instructora no atiende a la petición del Ayuntamiento de que el ingeniero que firmó el proyecto de construcción de las pasarelas declare este próximo viernes en calidad de investigado, en vez de hacerlo como testigo-perito, tal y como se le ha citado.

A su juicio, "ni el ministerio fiscal ni ninguna otra parte personada ha dirigido contra el citado expresa denuncia o querella" y la jueza tampoco ha acordado dirigir acción penal contra él al entender que este testigo-perito "es responsable de un proyecto parcial" que "no abarca la totalidad de la obra".

A juicio de la magistrada, lo que este ingeniero firmó se trata "más bien de un subproyecto o un anejo integrado en el proyecto principal de la senda, aceptado y avalado por ello por el director de la Obra, que sí actúa en esta causa en calidad de investigado".

LISTADO DE ACTUACIONES REGISTRADAS EN LA BASE DE DATOS POLICIAL

Finalmente, la instructora atiende a lo solicitado por la defensa de la agente de la Policía Local investigada y pide que esta institución aporte las actuaciones registradas en la base de datos policial derivadas de las llamadas entrantes entre las 12.14 y las 14.30 horas del día previo al accidente -fecha en la que un vecino llamó al 112 alertando del estado de la pasarela-.

En concreto, solicita la parte y acuerda la magistrada que se desglose en cuántas actuaciones se comisionó una patrulla de Policía Local, en cuántas se comisionaron agentes de Movilidad Urbana y en cuántas no se comisionó ni ninguno.