CSIF denuncia el "incomprensible retraso" del teletrabajo dos años después de su regulación en Cantabria
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado este martes la demora en la implantación definitiva del teletrabajo para el personal de la Administración General de Cantabria. El colectivo exige su puesta en marcha inmediata, recordando que han transcurrido más de dos años desde la aprobación del Decreto 8/2024, de 22 de febrero, que regula esta modalidad laboral en la comunidad.
Desde la organización sindical tachan de "incomprensible" que el Ejecutivo autonómico mantenga bloqueado el sistema ordinario, especialmente tras la conclusión y evaluación favorable del proyecto piloto impulsado por el propio Gobierno.
CONCLUSIONES
CSIF recuerda que las conclusiones de dicha experiencia piloto, presentadas en la Mesa Sectorial de Función Pública en diciembre de 2025, "fueron claramente favorables tanto desde el punto de vista organizativo como por parte de los participantes y responsables de unidad". .
Según destaca el sindicato, durante la prueba se realizó un análisis exhaustivo de los puestos de trabajo, definiendo las tareas compatibles con el trabajo a distancia, los requerimientos de presencialidad, los objetivos e indicadores de evaluación, así como las necesidades tecnológicas de cada departamento. Por ello, sostienen que la Administración ya cuenta con una metodología plenamente contrastada para aplicar el modelo "con todas las garantías".
Entre los beneficios constatados en el informe, CSIF subraya el aumento en la concentración de los empleados, un mayor compromiso con los objetivos, la mejora en la comunicación interna y un avance en la conciliación laboral y personal. Asimismo, señalan que los problemas técnicos y organizativos detectados durante la prueba ya cuentan con soluciones planteadas, por lo que entienden que no existen «razones objetivas» para postergar su aplicación.
CALENDARIO
Ante esta situación, el sindicato ha instado al Gobierno de Cantabria a publicar de inmediato el calendario previsto para la extensión del teletrabajo y a convocar el procedimiento oficial regulado en el Decreto 8/2024. El objetivo, concluyen, es permitir que los empleados públicos que cumplan los requisitos puedan acogerse a esta modalidad con plenas garantías de igualdad, transparencia y seguridad jurídica.