La anulación del PORN desencadena el derribo de 120 viviendas en Argoños: "Es un varapalo que no beneficia a nadie"
El Gobierno 'popular' de Cantabria derribará 120 de las 254 viviendas de Argoños con sentencia de derribo, tras la reciente anulación por parte del Tribunal Supremo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Según el Ejecutivo, estas viviendas “ya no tienen solución legal” y no se pueden regularizar.
El Ayuntamiento de Argoños ya ha identificado tres parcelas céntricas y mejor ubicadas donde se construirán viviendas de sustitución para quienes opten por esta opción. En concreto, se derribarán 21 viviendas en la urbanización Pueblo del Mar y 99 en La Llana I y II. Los propietarios afectados tendrán 15 días para decidir si prefieren una indemnización económica o una vivienda alternativa, conforme a los convenios firmados con el Gobierno.
Las otras 124 viviendas del municipio con sentencias de derribo siguen en espera, hasta que la Justicia se pronuncie sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños. El Gobierno insiste en que su prioridad es intentar legalizar lo ya construido, aunque la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que representa a los afectados, considera muy probable que ese plan también sea anulado. Por ello, pide que se apliquen cuanto antes los convenios para no generar diferencias entre propietarios.
En una rueda de prensa conjunta, el consejero de Fomento, Roberto Media; el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña; y el presidente de AMA, Antonio Vilela, explicaron los próximos pasos tras la sentencia del Supremo, que da la razón a la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), promotora del recurso.
El consejero Media reconoció que esta decisión judicial no tiene “parte buena” para los vecinos, pero insistió en que las sentencias “hay que cumplirlas”. Afirmó que la demolición de las viviendas es una “prioridad absoluta” del Gobierno, aunque aún no se ha cuantificado su coste.
Así, Media se ha comprometido a "hacer todo lo posible" para "ser el último consejero que tenga que lidiar con este tema". En el caso de las 120 viviendas que ahora se van a derribar en Argoños, ha dicho que estarán "en marcha sin lugar a duda" a final de legislatura, pues una vez que se compre el terreno "iniciaremos la redacción de los proyectos y de forma inmediata después la licitación de las obras". En este sentido, ha aludido a las tres viviendas de sustitución ya construidas en Argoños que solo están pendientes de los trámites jurídicos, el registro y la entrega a sus dueños, al igual que las de Arnuero, mientras que en Escalante "van a muy buen ritmo y también en el plazo previsto estarán ya preparadas para acabar con el problema definitivamente" en este municipio.
El alcalde Barruetabeña lamenta la anulación del PORN, calificándola como un “varapalo” que no beneficia a nadie. Aseguró que el Ayuntamiento está en negociaciones para comprar tres parcelas atractivas para levantar las nuevas viviendas y confía en cerrar el acuerdo en una semana. Así, espera hacer poder llegar a un acuerdo "en el máximo de una semana" y hacer los trámites "lo más rápido posible" para finalizar "de una vez por todas" el asunto tras "25 años de lucha" y "burocracia".
AMA
Por su parte, el presidente de AMA ha pedido al Gobierno que aplique los convenios con los afectados "a la mayor brevedad posible" porque "había pocas dudas de que la situación jurídica tenía que llegar a su fin". Y quiere que se den las opciones -indemnización o vivienda de sustitución- a los 254 afectados para solucionar el problema de los derribos "de una vez por todas y para todos, acabar con el sufrimiento de tantos años de familias que tan injustamente se han visto en esta situación sin tener culpa alguna".
"Creo que podríamos haber adelantado mucho más si se hubiera hecho eso y posiblemente en este momento estaríamos hablando de dónde serán las viviendas de sustitución y estaría el tema un poco más cerrado", ha opinado Vilela.
Así, ha reclamado una reunión entre el Gobierno y todas las urbanizaciones afectadas -que Media ha confirmado que va a tener "una a una"- ya que, mientras el Ejecutivo "ve posibilidades de que el PGOU todavía pueda ser legal", AMA cree que "es muy difícil" y "lo más propable es que también decaiga".
Eso sí, tanto el consejero y el alcalde como el presidente de AMA han animado a los afectados a optar por las viviendas de sustitución y quedarse en Cantabria y en sus municipios, aunque entienden que "la decisión es suya" y que algunos necesitan el dinero de la indemnización.