TRIBUNALES

Juzgan a acusado de falsificar facturas para tratar de estafar a unos familiares más de 58.000 euros

El hombre está acusado de falsificar varias facturas de empresas que contrató para realizar obras en casa de unos familiares de Torrelavega e incrementar éstas.

La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará los próximos miércoles y jueves, 5 y 6 de octubre, a partir de las 10.00 horas, a un hombre acusado de falsificar varias facturas de empresas que contrató para realizar obras en casa de unos familiares de Torrelavega e incrementar éstas para tratar de estafarles más de 58.000 euros.

Los hechos, por los que el fiscal le pide 11 meses de prisión, ocurrieron entre 2006 y 2007 cuando, tras comprar los familiares --sus tíos-- una vivienda en Madrid, el hombre se ofreció a encargarse de la ejecución de la reforma, tratando directamente con las empresas ya que es ingeniero industrial y cuenta con varias empresas dedicadas a la reforma de viviendas.

Concluidas las obras, con el ánimo de obtener un enriquecimiento injusto y aprovechándose de su condición de familiar, alteró los presupuestos y facturas de las empresas que ejecutaron los trabajos con la intención de obtener un importe mayor e incorporar la diferencia a su patrimonio.

Así, incrementó un presupuesto de 49.887 euros a 69.449, es decir, con una diferencia de 19.561 euros, y lo mismo hizo con una factura, en la que ponía la cantidad de 41.504 euros en lugar de 9.628, aumentando así su cuantía en 31.876 euros. También realizó la misma operación con la compra de equipos de audio y sonido por los que pretendía cobrar a sus tíos 13.810 euros cuando el coste real había sido de 6.653.

En total, el acusado trató de obtener 58.091 euros, cuantía que nunca llegó a su patrimonio porque sus familiares se negaron a pagarlo.

Por ello, el Ministerio Fiscal le imputa un delito de estafa agravada en grado de tentativa en concurso con un delito de falsedad documental, por lo que le pide 11 meses de prisión, 3.000 euros de multa y dos años de inhabilitación para ejercer su actividad profesional.

Sin embargo, la acusación particular eleva la cuantía de la que se habría apropiado el acusado a 148.204 euros y reclama para él una pena de cuatro años y seis meses de prisión, así como una multa de 2.000 euros y devolver la cuantía derivada del ilícito penal. La defensa, por su parte, niega los hechos y pide la absolución.