Los portavoces de PSOE y PRC en el Ayuntamiento de Astillero, Salomón Martín y Francisco Ortíz, respectivamente, han comparecido este viernes ante los medios de comunicación para valorar la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo Nº1 de Santander que considera que el Consistorio, en el que gobierna Cs en solitario con Javier Fernández Soberón a la cabeza, aprobó de forma ilegal varias facturas por valor de 1,2 millones de euros, que con la sentencia quedan anuladas.

Martín ha criticado que “Soberón hace a escondidas y de forma opaca la aprobación de esos gastos en un órgano al que no tiene acceso la oposición”

Como ha señalado el representante socialista, la resolución judicial “anula todo el procedimiento de pagos efectuados en cuatro juntas de gobierno” en enero de 2021, y que pretendían reconocer gastos devengados de 2020. “La sentencia nos da la razón en que son gastos imputables al ejercicio 2021 por la técnica contable y también por el sentido común y por la trayectoria que el Ayuntamiento había seguido con anterioridad”, ha explicado Martín, quien subraya que, además, la Junta de Gobierno local no es tampoco un órgano competente para el reconocimiento de esos pagos.

Como ha recordado, tanto PSOE como PRC ya advirtieron de lo que se estaba ocurriendo al propio Soberón en varias comisiones y plenos, pero aunque el regidor "conoce el mecanismo de llevar reparos a los plenos”, en lugar de eso “actúa de forma diferente a como marca la legislación”.

La sentencia también aborda el procedimiento, en el que, según el portavoz socialista, se ha hurtado a los concejales del pleno “total y absolutamente de la responsabilidad y el reconocimiento de nuestro papel de fiscalización”. Martín ha criticado que “Soberón hace a escondidas y de forma opaca la aprobación de esos gastos en un órgano al que no tiene acceso la oposición”, tomando estas decisiones “a hurtadillas, de forma secreta y en plenas navidades”.

La sentencia, por último, “anula y critica la forma de realizar pagos sin cobertura de contrato”, algo que, asegura Martín, se ha reiterado desde la oposición a lo largo de los años. El texto legal “recoge esa falta de responsabilidad” y plantea la posibilidad de abrir “una vía penal y contable frente a esas personas que han aprobado esos gastos”.

Hay algunas facturas emitidas por “empresas cuyos contratos y prórrogas están agotados”, señala Ortiz

En este sentido, ambos portavoces han avanzado que “estudiaremos las posibilidades jurídicas” para exigir “todas las responsabilidades contables y penales contra quien ha tomado estas decisiones” que “Soberón conocía y no quiso corregir”.

Asimismo, ha lamentado que “la igualdad, concurrencia y publicidad de todo el mundo frente a contratar en el Ayuntamiento de Astillero se ha vulnerado”, y ha criticado que “el alcalde no tiene el más mínimo decoro democrático con la oposición, es una y otra vez la misma actuación, la de no dar cumplimiento a las mínimas normas de cortesía democrática de poder dar una información”.

CONTRATOS AGOTADOS

En similares términos se ha expresado Francisco Ortiz, quien ha reiterado que la justicia “estima íntegramente la demanda” que presentaron ambos partidos sobre la aprobación de unas facturas que “hizo el señor alcalde a puerta cerrada, en su despacho”, desoyendo las “advertencias que hicimos”.

El portavoz regionalista, alcalde en la pasada legislatura, ha recordado que cuando entra en vigor un presupuesto “ya no es posible adjudicar el pago de facturas al ejercicio anterior”, y ha lamentado que Soberón no dejara otra opción que “acudir a fuentes judiciales”.

Ortiz ha incidido en el hecho de que “la Junta local no era competente para aprobar esas facturas, que tendrían que venir al pleno municipal y levantar reparos suspensivos” o el procedimiento que se estimara oportuno. En lugar de eso, ha criticado, “una vez más, falta de transparencia, opacidad, ninguneo a la oposición, prefiriendo resolver problemas de manera ilegal”.

Aunque la “parte más grave de la sentencia”, como señala el portavoz del PRC en Astillero, sea que dentro de esos 1,2 millones de euros hay algunas facturas emitidas por “empresas cuyos contratos y prórrogas están agotados”, lo que puede derivar en esas responsabilidades contables y penales.

“Estamos denunciando desde hace ya meses el desgobierno y descontrol al que el señor Soberón tiene sometido al Ayuntamiento”, ha señalado Ortiz, incidiendo en que “prácticamente no queda un contrato en vigor, y los que hay no tienen control y seguimiento por parte de los técnicos”.

La denuncia que ahora hacen PRC y PSOE a través de esta sentencia se suma a la de hace unos días sobre la obra del Puente de los Ingleses, que lleva parada tres años y “no le queda otro remedio a la empresa contratista que presentar recurso ante el juzgado porque el Ayuntamiento había desatendido su petición lícita de rescindir el contrato, lo que ha generado más gastos”.

A este respecto, ha señalado que “el daño a las arcas públicas es manifiesto”, y mientras se produce, Soberón “se entretiene en cargas de felicitación, rotondas y placas”.

“Esta sentencia viene a dejar escrito el desgobierno que hay en el Ayuntamiento de Astillero, que tiene como único responsable al alcalde, los concejales no pintan nada”, ha concluido el portavoz regionalista, palabras a las que se ha sumado su homólogo socialista, para quien Soberón “está empecinado en obstaculizar la labor de todo el mundo y no ser transparente con los ciudadanos”.

“Hay anomalías una detrás de otras que venimos denunciando, sin hablar de sobrecostes en obras, o las denuncias del arquitecto técnico mes tras mes y no se hace nada”, ha añadido.