El vicepresidente cántabro, Pablo Zuloaga, ha asegurado que el Gobierno regional mantiene "una actitud de diálogo abierta y de escucha permanente" hacia las reivindicaciones de los trabajadores de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que tienen convocada una huelga en ocho jornadas no consecutivas a partir de este sábado 13 de mayo.

Así, el Ejecutivo estaría dispuesto a negociar "las mejoras laborales que entren dentro de la responsabilidad a la hora de ofrecer a los cántabros los mejores servicios de atención sanitaria en el ámbito público", porque en este caso, ha remarcado Zuloaga, "lo importante es mantener la atención a la ciudadanía a través de los SUAPs". "Aquí lo que está en juego en primer lugar es la atención sanitaria que ofrecemos a los cántabros", de modo que la Consejería de Sanidad ha fijado unos servicios mínimos para las jornadas de huelga que, según el vicepresidente, responden a la dispersión geográfica y a la distancia entre poblaciones que caracterizan a Cantabria.

Zuloaga, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios por el conflicto con los responsables de urgencias en Atención Primara en la rueda de prensa que ha dado para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno de este jueves, ha emplazado a trabajar entre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y los representantes de los trabajadores de forma "responsable" para buscar líneas de acuerdo que permitan las mejoras laborales que piden, "sin perder de vista" la importancia de mantener la atención a los cántabros.

Las jornadas de huelga, convocadas por el sindicato CSIF y la Asociación de Servicios de Urgencia de Atención Primaria de Cantabria (aSUAP Cantabria), están programadas para los fines de semana del 13 y 14; 20 y 21, y también para el 24, 25, 26 y 27 de mayo.

Estos colectivos se quejan de que han sido "ninguneados" por Sanidad y reclaman medidas como la instauración de la figura del celador en todos los SUAPs en horario completo, la renovación de sus uniformes, formación específica en urgencias, el cambio de las cantidades que perciben por exceso de jornada estructural y otras cuestiones relacionadas con la retribución, aunque el detonante de sus movilizaciones ha sido la posibilidad de quedarse sin vacaciones por la imposibilidad de cubrirlas ante la falta de profesionales.