Más de la mitad de la población no tiene acceso a juzgados especializados en crisis familiares, en concreto el 53 % de los españoles y el 55% de los cántabros.

Y es que esta región solo dispone de dos de Primera Instancia dedicados a resolver asuntos como el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia o la tutela y protección de personas con discapacidad. Esto supone una "discriminación" del ciudadano por razón del lugar donde reside, además de contribuir a "una justicia de primera categoría y otra de segunda", y "de primera y segunda velocidad" también oorque da lugar a "disparidad de criterios", ya que hay órganos que por ejemplo "desoyen" al Tribunal Supremo y "se resisten a conceder la custodia compartida", mientras que algunos "tardan más de diez meses en señalar la vista de medidas provisionales para que un padre o una madre vea a sus hijos o pague la pensión de alimentos".

De estos y otros problemas han alertado en Santander María Dolores Lozano y Carmen López-Rendo, presidenta y tesorera de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), que ha organizado junto al Colegio de Abogados de Cantabria el Congreso de Derecho de Familia que se celebra este jueves y viernes en Santander, con la participación de un centenar de juristas.

Ambas han puesto manifiesto que la situación denunciada se agrava en Cantabria en los partidos judiciales de Santoña, Laredo, Torrelavega, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Medio Cudeyo y Reinosa, donde el 100% de la ciudadanía se ve privada de esta especialización. Y es que todos los juzgados de familia de la comunidad autónoma se concentran en el partido judicial de Santander, en detrimento de los siete restantes.

AEAFA ha elaborado un informe a partir de estadísticas recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la planta judicial en España, según el cual cuenta con 128 juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos familiares y repartidos en 56 partidos judiciales, lo que deja igualmente a más de la mitad de la población del país, el 53%, en situación "precaria".

Así, solo los residentes en grandes núcleos de población pueden acceder a órganos con jueces, fiscales y equipos técnicos especializados en asuntos familiares, quedándose fuera de este servicio público los ciudadanos de localidades como Torrelavega, Castro Urdiales, Cádiz, Ibiza, Menorca, Ávila, Toledo, Manresa, Segovia, Cáceres o Lugo, entre otras muchas.

SITUACIÓN EN AUDIENCIAS PROVINCIALES

Mientras tanto, el número de secciones de audiencias provinciales de Derecho de Familia sigue invariable: 18 en 16 provincias, las mismas que en 2018 y que atienden al 61% de la población. Por tanto, los habitantes de 32 territorios -unos 18,5 millones de españoles- no tienen derecho a que sus crisis familiares sean revisadas por un tribunal especializado.

Esta situación se produce en todo el territorio de comunidades autónomas como Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia, Navarra o La Rioja.

Todo ello "provoca un agravio territorial, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y demoras en la tramitación de los procesos, que en muchas ocasiones potencian las situaciones de violencia de género y filioparental", ha advertido López-Rendo con motivo de la presentación de estos datos, en la inauguración del cónclave en el Exposiciones y Congresos de la capital cántabra. "En el caso de la custodia compartida de los hijos, hay juzgados de Primera Instancia y juzgados Mixtos (atienden asuntos penales y civiles) que desoyen la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y se muestran más reacios a su concesión", ha puesto como ejemplo.

DEMORA JUDICIAL AGRAVADA

Y la demora en el sistema judicial también "empeora" cuando las crisis familiares recaen en juzgados generalistas. "Los asuntos civiles en los juzgados mixtos están supeditados a la agenda penal. Así, ante la entrada de una causa con preso, la civil pasa a segundo plano, se suspende y se pospone la fecha del juicio de familia", ha argumentado la presidenta de la AEAFA.

En este sentido, ha indicado que "el atasco" provoca que, por ejemplo, las demandas de medidas provisionales para regular la situación de la familia puedan demorarse "más de diez meses, como ocurre en algunas localidades de Cantabria". "Esto es muy grave cuando en un conflicto de divorcio la madre o el padre se niega a que los hijos tengan relación o pasen tiempo con el otro progenitor; o cuando uno de ellos se niega a pagar la pensión de alimentos hasta que un juez lo determine", ha advertido Lozano. 

También puede suceder que "los dos miembros de la pareja se resistan a abandonar la vivienda por temor a que su marcha influya en la decisión posterior de los tribunales", y esta "convivencia forzada potencia las situaciones de violencia de género y filioparental", alertan las representantes de AEAFA. 

EL PEZ QUE SE MUERDE LA COLA

"Es un poco el pez que se muerde la cola: el propio sistema ante la falta de previsión de que haya juzgados de familia", ha concluido las representantes de la asociación, para quienes es "urgentísimo" que se cree una jurisdicción especializada en materia de familia, porque, "lamentablemente, el Gobierno, en el proyecto que ha establecido con carácter general no lo contempla", lo que ha obligado a AEAFA a presentar enmiendas

"No puede ser que se dé muchísima más importancia a los asuntos mercantiles que a los asuntos de la familia. Hagamos la prueba: creen la jurisdicción especializada de familia y den la oportunidad de ver que las estadísticas de violencia bajan", han instado para terminar.