El afiliado de Laredo desde cuya cuenta se efectuaron los pagos de 511 cuotas de afiliados del PP de Cantabria y que supuestamente tiene una discapacidad psíquica declara a puerta cerrada en el juicio por las dos demandas que solicitan la nulidad del XII Congreso del partido, juicio que ha quedado visto para sentencia.
La presidenta del PP, que no descarta acciones legales, pide que investigue el interventor general, al que también envía otra carta.
Revilla ha recalcado que el Gobierno lo remitirá "al interventor general, a la asesoría jurídica regional o al fiscal si hace falta".
En su visita a Santander, el coordinador general del Partido Popular ha pedido a los 'populares' cántabros “mirar al futuro” y trabajar con "unidad y cohesión" junto a la dirección regional y su presidenta por los intereses de los ciudadanos.
También ha tenido unas palabras para Miguel Ángel Revilla, del que ha dicho que solo puede valorarle como "locutor de televisión".
La dirigente 'popular' ha dicho que el PP tiene una hoja de servicios y una hoja de ruta para Torrelavega y lo ha demostrado, "tanto que todos los proyectos importantes que hoy están encima de la mesa, en marcha o en ideas son proyectos de Partido Popular".
Afirma que el PP y su presidenta defienden "a los que más tienen".
Movellán, vinculado a la nueva presidenta del partido, cree que la decisión de la Audiencia de Cantabria ratifica que “no ha habido nada ilegal” aunque aún queda pendiente otra denuncia de los afines a Diego: la que pide la nulidad del 12 Congreso de la formación.
Solanas asegura que la presidenta del PP de Cantabria “o dimite ahora voluntariamente o tendrá que hacerlo en el futuro forzada por los acontecimientos, con un daño quizás ya irreparable”.
La demanda es "lo previsible" según el portavoz del grupo, Joaquín Solanas, que señala que ahora "toca esperar" a la resolución y a que el PP, ya sea el autonómico o el nacional, "haga algo".