Susinos reitera que actúa conforme a lo que establece el Plan de Gestión del Lobo en Cantabria
La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos, se ha mostrado tranquila ante la decisión de la Fiscalía de la comunidad autónoma de incoar diligencias de investigación -a ella y al director general de Biodiversidad, Ángel Serdio- por la orden para extraer lobos en la región y asegurado que están actuando "con la ley en la mano" .
Ambos fueron denunciados por asociaciones conservacionistas y ecologistas por supuestos delitos de prevaricación y contra la fauna en la autorización y ejecución de la resolución para eliminar 41 ejemplares en base al plan de gestión del cánido después de que saliera del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) el pasado mes de marzo al aprobarse la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. La orden se publicó el 2 de abril y empezó a materializarse en Polaciones y Campoo.
El ministerio público recibió y estudió las denuncias, de ASCEL y Ecologistas en Acción, y ha acordado iniciar diligencias de investigación, según han confirmado fuentes fiscales a Europa Press. Ante esto, y en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Susinos ha insistido en el "mensaje de tranquilidad" lanzado hace unas semanas, cuando se conocieron las denuncias. "Estamos actuando conforme a lo que establece el Plan de Gestión del Lobo en Cantabria", que "es perfectamente legal, como así lo ratificó en su momento el Tribunal Supremo", ha defendido la consejera.
En su mensaje, también se ha referido al reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que denegó las medidas cautelares solicitadas por ASCEL (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico), a la que impuso las costas para la suspensión de la ejecución de los controles.
Susinos ha destacado que en dicha resolución el TSJC reconoce que el lobo "legalmente ya está fuera del LESPRE" y que los informes remitidos por el Ejecutivo autonómico para justificar la necesidad de hacer controles "son exhaustivos, precisos y justificados". Y, como ha resalta la titular de la Consejería, "también habla de que no es menor el interés de los ganaderos por resguardar sus animales y, con ello, su modo de vida, garantizando el desarrollo de una parte de una actividad que el mismo auto reconoce como relevante sector económico y social".