Las empresas del 'caso Obras Públicas' siguen logrando contratos en Cantabria a pesar de haber reconocido los delitos de fraude y cohecho

El próximo 31 de octubre se formalizará el acuerdo del caso ‘Obras Públicas’ de adjudicación irregular de contratos de carreteras por parte de un funcionario de la Consejería del ramo a varios empresarios de Cantabria. Han sido casi tres años de instrucción en los que se han ido conociendo detalles del funcionamiento y las cuantías obtenidas ilícitamente, pero en este tiempo también se ha producido un hecho cuanto menos cuestionable: las diferentes administraciones públicas han seguido contratando con las empresas involucradas incluso cuando ya se han reconocido delitos de fraude y cohecho, entre otros.

Lo cierto es que la Justicia no lo ha prohibido nunca. Es más, meses después de conocerse toda la trama y producirse el registro en la sede de la Consejería de Obras Públicas se rechazó la posibilidad de que el Gobierno de Cantabria prohibiera las contrataciones con Rucecan, La Encina, Cannor o Api Movilidad.

CONTRATACIONES

Y a pesar de que el PP defiende por activa y por pasiva su posición “tajante” contra cualquier atisbo de corrupción, lo cierto es que las empresas continúan logrando adjudicaciones tanto del Ejecutivo cántabro como de los ayuntamientos. Sin ir más lejos, a principios de septiembre Piélagos (donde gobierna el PP) adjudicaba a Rucecan el derribo de 11 viviendas por 126.083 euros. Y es solo un ejemplo.

Este es el mismo PP que en el ‘caso Molleda’ ve una “corrupción de libro” e insta al actual secretario de Organización del PSOE de Cantabria, Agustín Molleda, a “marcharse”. En el caso de Obras Públicas es evidente que los contratos se adjudican, en teoría, a través de un proceso en el que se valoran diferentes aspectos de las ofertas que presentan las empresas, adjudicándose la que tenga una mayor puntuación. Sin embargo, la imagen de un Gobierno contratando con una empresa cuyos administrador y apoderado han reconocido delitos de fraude en la contratación y cohecho no deja de ser impactante.

COAUTORES

A pesar de haber alcanzado este acuerdo y de haber un reconocimiento de los delitos, en Cantabria se sigue esperando la sentencia firme que se conocerá a partir del último día de este mes. A eso se agarran las administraciones públicas (la inmensa mayoría del PP). De hecho, el Gobierno ya ha avanzado que una vez se conozca la sentencia firme podrá saber en qué grado pueden quedar afectados los contratos.

El acuerdo al que han llegado las partes contempla penas de dos años al apoderado de API Movilidad e IMESAPI, el administrador de CANNOR y La Encina (Centro de Jardinería y Gestión Inmobiliaria), el administrador de RUCECAN y el apoderado y socio de esta última empresa. A todos ellos se les considera coautores. Mientras, para el considerado como cabecilla de la trama, el funcionario de la Consejería, se contempla una pena de siete años, y para su mujer, uno.

MÁS DE UN MILLÓN Y MEDIO

Como se recoge en el acuerdo, el Gobierno logrará que se devuelvan a las arcas públicas 1.623.257 euros (que ya están en las cuentas del Juzgado y que pasarán al Ejecutivo una vez se haga firme la sentencia), además de lograr que el funcionario se quede “fuera de la administración”.

Curiosamente, y a pesar de que los empresarios son considerados coautores de los delitos, las empresas no han quedado “fuera de la administración”. El Gobierno argumenta que a los procesos públicos se presentan ahora muchas más empresas que antes, y procedentes de diferentes puntos de España. Sin embargo, basta echar un vistazo a las adjudicaciones para detectar que la mayoría de ellas se siguen dando a empresas autonómicas, y entre ellas a las involucradas en esta trama de corrupción.