El alcalde de Laredo exige la dimisión de un exconcejal del PP por un 'pelotazo' urbanístico vinculado a su inmobiliaria
El alcalde de Laredo, Miguel González (PP), ha reclamado a través de sus redes sociales la dimisión inmediata de Ramón Arenas, portavoz de Unidos x Laredo (UxL), tras las revelaciones hechas durante el último pleno municipal. Arenas, que en 2014 ocupaba el cargo de primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo por el PP, fue señalado por firmar un contrato para la gestión de la venta de Villa Mercedes el mismo día en que el Ayuntamiento ratificó un convenio urbanístico relacionado con la finca.
La operación, valorada en tres millones de euros y con una comisión del 4 % (120.000 euros) para la inmobiliaria de Arenas, no llegó a materializarse, ya que el convenio urbanístico quedó finalmente sin efecto.
CONTEXTO DEL CONVENIO DE VILLA MERCEDES
El acuerdo original, firmado en 2006 y ratificado en 2014, establecía la cesión de la casa de Villa Mercedes al Ayuntamiento a cambio de compensaciones urbanísticas para los propietarios sobre el resto de la parcela. Sin embargo, los actuales dueños han solicitado rescindir el convenio, poniendo en riesgo la conservación del inmueble histórico, que podría ser derribado.
Durante el pleno, Miguel González solicitó a Arenas que se ausentara y retirara la enmienda presentada por su grupo, al entender que está "de alguna manera implicado" en la operación, revelando documentación recién conocida.
Por su parte, Arenas defendió la vigencia del acuerdo de 2014 y aseguró que una modificación puntual del PGOU permitiría incorporar Villa Mercedes al patrimonio municipal sin coste para el Ayuntamiento. Además, acusó al alcalde de aplicar un “doble rasero” en urbanismo, agilizando proyectos privados pero mostrando lentitud para proteger el patrimonio público.
"Estas prácticas no son éticas ni morales”
Tras la sesión plenaria, el alcalde González publicó un vídeo en sus redes sociales exigiendo la dimisión de Arenas: “No se puede estar en un equipo que ratifica un convenio y, al mismo tiempo, gestionar la venta privada de la misma finca. Estas prácticas no son éticas ni morales”. El regidor calificó los hechos de “escandalosos” y advirtió que, de haberse conocido en 2014, habrían provocado la caída del Gobierno municipal de entonces.
Finalmente, la resolución para declarar ineficaz el convenio urbanístico salió adelante con diez votos a favor (del Gobierno local y PSOE) y cuatro abstenciones (tres de UxL y una del PRC).