Varapalo judicial al Ayuntamiento de Santander: obligado a reformar las bases de la Policía Local por no ajustarse a la legalidad
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Santander ha estimado íntegramente el recurso interpuesto por los Servicios Jurídicos de CSIF Cantabria contra las bases reguladoras del proceso de promoción interna para la cobertura de plazas de Intendente de la Policía Local de Santander, aprobadas por el Ayuntamiento mediante resolución el 13 de mayo de 2025. La sentencia condena a la administración local a modificar dichas bases al considerar que no se ajustaban a la legalidad ni a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia en el acceso a la función pública.
En concreto, el fallo judicial anula las bases octava y novena de la convocatoria al determinar que la fase de oposición no cumplía con las exigencias legales necesarias. El tribunal argumenta que el proceso se basaba únicamente en la elaboración y defensa de una memoria, sin incluir una auténtica prueba de conocimientos que permitiera acreditar la capacidad de los aspirantes para el desempeño del puesto.
A raíz de esta resolución, el Ayuntamiento de Santander se ve obligado a redactar nuevamente el documento regulador. Las nuevas bases deberán incorporar una prueba de conocimientos vinculada a las funciones propias del puesto que sea distinta de una memoria o una entrevista, establecer una puntuación clara y diferenciada para las fases de concurso y oposición fijando el carácter eliminatorio de esta última, y respetar las garantías de anonimato necesarias para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso selectivo.
VULNERACIÓN DE LA NORMATIVA APLICABLE
Esta resolución judicial respalda los argumentos que el sindicato CSIF ya había defendido en la Mesa General de Negociación, donde advirtió de que el planteamiento inicial vulneraba la normativa aplicable y la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo en materia de procesos selectivos. Además, al estimarse íntegramente las pretensiones planteadas, la sentencia impone el pago de las costas procesales a la administración demandada. Desde CSIF Cantabria han valorado de forma muy positiva el fallo por constituir un precedente para garantizar procesos objetivos y ajustados a Derecho, y han reafirmado su compromiso de seguir utilizando los instrumentos de negociación y defensa jurídica para velar por los derechos de los empleados públicos.