Los sindicatos se concentrarán este jueves en Santander para defender unos servicios públicos de "calidad"
Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT han convocado una concentración para este jueves, 30 de octubre, a las 12:00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Santander en defensa de unos servicios públicos de "calidad" y para denunciar el "deterioro" que dicen están sufriendo, a lo que unen una "falta" de inversiones en infraestructuras. También exigen un nuevo acuerdo que descongele los salarios de los trabajadores públicos y garantizar sus derechos.
Desde las entidades sindicales se ha hecho un llamamiento a la participación de la ciudadanía en la movilización, que está convocada a nivel nacional, porque "de los servicios públicos depende la garantía de la democracia y del Estado de Bienestar".
Así lo han anunciado este martes en rueda de prensa la coordinadora del Área Pública de CCOO de Cantabria, Arantxa Cossío; el secretario general UGT Servicios Públicos, Martín Calonge; y el presidente Autonómico de CSIF Cantabria, Manuel Garay, quienes han incidido en el "deterioro progresivo" de los servicios públicos, lo que "está provocando situaciones indeseables y de desigualdad".
En este sentido, los representantes de los tres sindicatos han advertido que no se está invirtiendo en unos servicios públicos "eficaces, eficientes y accesibles", y lo han ejemplificado en áreas como educación, sanidad, servicios sociales y en la "falta" de respuesta ante catástrofes.
En cuanto a los salarios, las organizaciones han señalado que el Gobierno central y autonómico "no están poniendo soluciones" y, mientras España muestra el mayor crecimiento económico de Europa, más de 3,5 millones de empleados públicos tienen sus salarios congelados y ven cómo, además, "se privatizan servicios esenciales, como estamos viendo con el Hospital Santa Clotilde o el transporte sanitario".
Han destacado que en Cantabria los datos de empleados del sector público ascienden hasta unas 35.000 personas entre personal del Estado, autonómico o del sector local, y han denunciado que "este recorte" afecta a todos los cuerpos, a quienes repercute, además, el envejecimiento de la Administración, con una tasa de interinidad que "no baja" del 30 por ciento y la "pérdida" de calidad del servicio público porque "no se cubren todas las bajas al no contratar lo suficiente".
Y han criticado que mientras está previsto que el IPC alcance el 3% para finales de 2025, los trabajadores públicos "apenas" han tenido una subida del 0,5%. "Vemos, día a día, cómo las negociaciones en el sector privado alcanzan subidas salariales del 3,7%, o del 2,8% para las pensiones contributivas, parte esencial de lo público", han afirmado y por ello se han preguntado "qué ocurre con los y las empleadas públicas, que inaceptablemente llevamos todo el año con los salarios congelados".
En este sentido, CCOO, UGT y CSIF han advertido que "si queremos un Estado de Bienestar con servicios públicos de calidad, no vale que solo nos recuerden cuando hay incendios o pandemias; estamos para muchas más cosas y nos movilizamos para luchar por las parcelas necesarias para que esto funcione", han reivindicado.
De esta forma, las centrales sindicales han subrayado que "el Gobierno tiene que escucharnos y entender que el empleo público tiene que ser calidad". Por ello, el 30 de octubre comienza el proceso de movilización y han advertido que su desarrollo e intensificación en las próximas semanas y meses "depende de la voluntad y decisión del ministro de Función Pública, Óscar López (PSOE), de negociar".
NO APOYARÁN EL PRESUPUESTO PARA 2026
Por otra parte, y a preguntas de los medios de comunicación, han avanzado que no apoyarán el anteproyecto de presupuestos autonómicos para 2026 en la mesa de diálogo social que tendrá lugar ese mismo día entre los agentes sociales y económicos y el Gobierno de Cantabria, ya que "no contempla subidas salariales para los empleados públicos". El Ejecutivo les hizo llegar el pasado viernes el documento con las cifras globales.
Al respecto, los representantes sindicales han advertido que el aumento previsto para la Consejería de Educación puede que no sea "suficiente" para "solventar" el conflicto con los docentes por su adecuación salarial.