El PP aprueba una Zona de Bajas Emisiones que apenas ocupa el 0,6% de Santander exclusivamente para no perder dos millones de euros

Tras varias idas y venidas, tras las críticas de ciudadanos, organizaciones y oposición, finalmente la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander tiene luz verde para entrar en vigor antes de que acabe el año. Pero no lo va a hacer por convencimiento del equipo de gobierno del PP. Ni siquiera por un compromiso con el medio ambiente. El único motivo es el dinero. Así al menos lo ha dejado ver la propia alcaldesa, Gema Igual, durante el pleno extraordinario en el que se ha aprobado inicialmente la ordenanza, que está por ver que pueda llegar a buen puerto a tenor de las palabras de colectivos y oposición.

Y es que el PP ha vuelto a hacer gala de su mayoría absoluta en la capital cántabra para aprobar esta ordenanza (que ha contado con la oposición de PRC, IU y Vox, y la abstención del PSOE) y cumplir así con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En realidad, debería haberlo hecho hace tiempo, pero se ha acogido a una serie de prórrogas que terminan con el final de este 2025. La urgencia de hacerlo ahora no es otra que la posibilidad de perder ayudas por valor de unos dos millones de euros.

NO SE PIERDE NI UN EURO

Durante su intervención, Igual ha defendido que Santander "no está contaminada y yo no soy de prohibir", pero como dicha ley le pone en la tesitura de "o delimito o pierdo fondos", la regidora ha optado por implantar la ZBE porque "aquí no se pierde ni un euro", ha dicho.

Eso sí, una delimitación más bien pequeña. Del 0,6% de toda la ciudad, según ha señalado el portavoz de IU, Keruin Martínez, durante su intervención. Apenas 200.000 metros cuadrados del centro de la ciudad serán los que tengan restringido el acceso al tráfico, y tampoco será demasiado exigente, ya que solo se prohibirá el paso a los coches más antiguos y siempre que no sean de vecinos de la zona.

RESTRICCIÓN INJUSTA

La alcaldesa ha afirmado que esta "obligación legal" hace que el Consistorio acote unas zonas que "aun no estando contaminadas, tenemos que decretar y delimitar". Asimismo, ha considerado "injusto" restringir el tráfico rodado, pero "si no lo tenemos antes del 31 de diciembre, no podemos optar a los fondos del transporte". Y como suele ser habitual en el PP, ha aprovechado este reconocimiento de que solo toma esta decisión por dinero para criticar al Gobierno central (PSOE-Sumar), "que bastante nos machaca como para desperdiciar fondos".

Una vez delimitado el perímetro desde la calle Lealtad hasta Puerto Chico y desde El Sol o Santa Lucía hasta el Paseo Pereda, el Ayuntamiento se ha centrado en elegir la limitación horaria. La alcaldesa ha explicado que "parece lógico que el horario sea de lunes a viernes y de 8:00 a 19:00 horas".

SIN DATOS

Sobre los parámetros que determinan la presencia de contaminación ha sostenido que "un incendio, las calefacciones o la entrada a un barco o unos fuegos artificiales pueden hacer que se trastoquen". Sin embargo, no ha dado ni un solo dato que sostenga sus afirmaciones, algo que la oposición y los colectivos han reclamado al equipo de gobierno casi desde el principio pero que, hasta ahora, nadie parece haber visto.

Por su parte, el portavoz socialista, Daniel Fernández, ha definido la propuesta como "vacía de contenido" porque es "insuficiente desde el punto de vista medioambiental y, además, puede ser ilegal o susceptible de sanciones" por parte de la Fiscalía, que ha solicitado información a los ayuntamientos sobre el cumplimiento de la normativa en materia de calidad del aire y movilidad sostenible. También ha exigido que se realice un proceso de participación ciudadana.

Los socialistas habían pedido "un proyecto mayor", con un transporte público "reforzado", carriles bicis segregados, seguridad para los peatones, menos ruido, menos emisiones, aparcamientos disuasorios y aparcamientos en altura para residentes. Para ello, han solicitado un plan de movilidad, que se localicen los solares vacíos y un estudio de viabilidad del aparcamiento en altura.

SALVAR LOS MUEBLES

Por otro lado, el portavoz regionalista, Felipe Piña, ha solicitado de nuevo la comarcalización del Transporte del Arco de la Bahía y el cumplimiento la ley de protección de datos por "todas esas cámaras que nos van a grabar". Asimismo, ha lamentado el rechazo a realizar una evaluación ambiental cada seis meses.

Por ello, Piña ha indicado que esta ZBE no soluciona "una insuficiencia tremenda en los retos sociales que tienen que ver con la reducción de emisiones" y ha manifestado que "han tomado la directriz de ir a salvar los muebles y no perder las ayudas".

CIUDAD CONTAMINADA

Por su lado, la portavoz de Vox, Laura Velasco, también ha negado la contaminación y ha dicho que la alcaldesa "ha rehusado defender los intereses de los santanderinos" ante una "imposición es del Gobierno de Pedro Sánchez". Velasco ha señalado la ZBE como "una estafa pseudoambiental que suele buscar recaudar a costa del más débil, del vecino, del comerciante, del autónomo, de la clase media y trabajadora" y ha apostado por una solución a través de ayudas directas a la compra de vehículos. Además, ha pedido explicaciones sobre la flota del TUS, que "sólo" cuenta con 26 autobuses eléctricos o híbridos.

Por otra parte, el concejal de IU Keruin Martínez ha señalado la salud de los santanderinos porque "Santander es una ciudad contaminada o muy contaminada y ha pedido medidas en los entornos escolares donde "los niveles de contaminación y de ruido se combinan con tráfico intenso y falta de seguridad", así como en entornos hospitalarios. Ha señalado igualmente que la ZBE planteada por el PP apenas ocupa el 0,6% de toda la extensión de la ciudad, y más allá, ha criticado que "el Ayuntamiento ni siquiera contempla un plan real para proteger a la infancia".