La nueva Ley de Carreteras de Cantabria recoge "importantes novedades": multas más altas, mayor vigilancia y contratos público-privados
El Gobierno regional ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) su anteproyecto para la nueva Ley de Carreteras, que recoge "importantes novedades" respecto a la actual, como la posibilidad de financiar obras mediante contratos público-privados y la sustitución de las autorizaciones por declaraciones responsables en trabajos menores de conservación y mantenimiento.
Además, se incrementan las sanciones y se concede a los vigilantes de carreteras la condición de agentes de autoridad para que puedan abrir expedientes sancionadores, al tiempo que se regulan asuntos como la publicidad, que se hace "menos restrictiva"; la autorización de cultivos, plantaciones y movimientos de tierras; los tendidos eléctricos; y la celebración de pruebas y eventos.
También se establece mayor claridad en la clasificación, catalogación e información de las carreteras de Cantabria, y mayor concreción en los procedimientos de entrega y cesión de tramos de carretera entre administraciones y de colaboración entre ellas.
Con todo, el objetivo de la futura Ley de Carreteras de Cantabria es actualizar la que está en vigor, que data de 1996 y ha quedado "obsoleta en muchos de sus artículos", tal y como ha señalado el consejero de Fomento, Roberto Media, en rueda de prensa.
Tras publicarse en el BOC, se inicia un periodo de audiencia e información pública para recabar opiniones y posteriormente comenzar la tramitación parlamentaria, en la que Media espera lograr el consenso necesario para su aprobación "lo antes posible", pues es una ley "muy necesaria" para avanzar en cuestiones de simplificación administrativa que "ahora mismo no funcionan como tienen que funcionar".
En paralelo, ha defendido que todos los cambios introducidos permitirán mejorar la planificación y construcción de la red de carreteras de Cantabria.
SANCIONES
Otra de las novedades destacadas se da en las sanciones e infracciones. La normativa considera leve una infracción que no afecta a la seguridad vial y es posible su legalización. Sin embargo, todas las que afectan a la seguridad vial serán graves o muy graves según la zona donde se cometan.
- Leves: 300 a 1.500 euros
- Graves: 1.501 a 15.000 euros
- Muy graves: 15.001 a 120.000 euros
Además, se han definido nuevos criterios para graduar e incrementar las sanciones, teniendo en cuenta daños y perjuicios, riesgo creado, intencionalidad o valor de los daños ocasionados. Se prevén reducciones de hasta el 40% si el presunto infractor asume la responsabilidad y paga anticipadamente.
El plazo de prescripción de las infracciones pasa a ser de un año para las leves, tres años para las graves y seis años para las muy graves.