Expropiaciones en Bezana: denuncian que a fincas catalogadas como urbanas se les está aplicando un precio similar al de suelo rústico

Las recientes expropiaciones en el municipio de Santa Cruz de Bezana están generando un creciente malestar entre los vecinos afectados, quienes denuncian irregularidades en el procedimiento y falta de transparencia en el desarrollo de las obras. La controversia gira en torno al trazado del proyecto aprobado en el Plan de Infraestructuras de 2005 que discurría mayormente por terreno público y que ahora afecta únicamente a fincas privadas, y que además, denuncian los propietarios, carecen de autorizaciones sectoriales que deben acompañar cualquier actuación de esta índole.

Según uno de los vecinos afectados, el proyecto original se basaba en un Plan de Infraestructuras aprobado en 2005, que definía un trazado concreto para la instalación de infraestructuras hidráulicas y otros servicios. “Ese era el recorrido establecido, y adjuntamos fotografías que evidencian esta planificación”, explica el residente.

Sin embargo, denuncian que gran parte del trazado actual, que ahora se utiliza para la expropiación de terrenos, difiere sustancialmente del previsto inicialmente. Dicho trazado inicial transcurría por un vial que, curiosamente, fue levantado apenas cuatro o cinco meses atrás para introducir una tubería de agua que antes discurría por otra zona. Este hecho genera desconcierto entre los vecinos, que cuestionan la coherencia de las actuaciones y la planificación de la obra, al no entender por qué no se ha aprovechado el ya existente.

En definitiva, señalan que aunque el Plan de Infraestructuras sirve como base para el desarrollo de la obra, este habría sido modificado posteriormente sin que se hayan aclarado los motivos ni se haya justificado adecuadamente el cambio en el recorrido.

En consecuencia, apuntan que la modificación del trazado ha llevado a que el nuevo recorrido pase por zonas que generan especial preocupación, como el Arroyo del Otero. Y en este sentido, los vecinos advierten que esta parte del proyecto carece del permiso de la Confederación Hidrográfica, uno de los organismos fundamentales en la regulación de este tipo de obras.

“No hay permiso alguno de Confederación para pasar por el Arroyo del Otero”, recalcan, añadiendo que han solicitado todas las autorizaciones sectoriales necesarias sin obtener respuesta hasta la fecha. En concreto, señalan que hacen falta permisos de Confederación, carreteras, telecomunicaciones e industria, entre otros.

A pesar de la ausencia de estos informes preceptivos que denuncian los afectados, las obras parecen continuar avanzando con rapidez, mientras que las expropiaciones se llevan a cabo sin esperar a que se resuelvan o se entreguen estas autorizaciones oficiales, tal y como critican los vecinos. “Cualquier persona no podría realizar ninguna actuación sin contar con todas estas autorizaciones favorables, pero aquí parece que se prioriza tirar adelante a toda prisa y expropiar”, lamentan.  

Un aspecto adicional que preocupa a los vecinos es que el trazado actual atraviesa zonas donde existen infraestructuras críticas que, según explican, no se están respetando. En concreto, una línea de alta tensión que fue soterrada hace aproximadamente un año está justo en la zona por donde se planea bajar la tubería del nuevo proyecto.

Esta situación les genera dudas sobre la seguridad y viabilidad técnica del proyecto, así como sobre el respeto a las normativas vigentes para la protección de infraestructuras esenciales.

DENUNCIAS SOBRE IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN

Más allá de las cuestiones técnicas y urbanísticas, un experto denuncia posibles irregularidades en el proceso administrativo que sustenta las expropiaciones. Según la misma fuente consultada por eldiariocantabria.es, “el expediente no se inicia con la necesidad real de ocupación, sino a instancia de una empresa contratada habitualmente por el Ayuntamiento, que afirma tener un encargo que no consta en el expediente”.

Estas mismas fuentes indican que se incumplen varios artículos de la Ley de Expropiación Forzosa (LEF):

• El artículo 26, al no tramitarse el expediente como pieza separada con la descripción detallada del bien ni como un expediente individual por cada propietario o grupo de ellos.
• El artículo 21, al no iniciarse el expediente con el acuerdo de necesidad de ocupación, que es un requisito legal para estos procedimientos.

Este tipo de irregularidades podría afectar a la validez y transparencia del proceso de expropiación, generando inquietud y desconfianza entre los afectados.

VALORACIONES CATASTRALES Y JUSTIPRECIOS CUESTIONADOS

Otra de las principales quejas radica en las valoraciones económicas que se están aplicando para compensar a los propietarios. Según los vecinos consultados, varias fincas que están siendo expropiadas son catalogadas "catastralmente, registralmente y por los propios técnicos del proyecto como urbanas", pero se les está aplicando un precio similar al de suelo rústico, lo que reduce considerablemente el justiprecio.

Los propios vecinos han puesto algunos ejemplos de estas reducciones de precios, detallando que en algunas fincas con valores catastrales de miles y cientos de miles de euros se han establecido como justiprecios cantidades que no llegan a los 1.000 euros, o que superan ligeramente esta cifra.

Además, hay terrenos con valor declarado de construcción que también han sido objeto de compensaciones consideradas insuficientes, y fincas que incluso tienen valor catastral cero, añaden los afectados.

Estas disparidades en las valoraciones generan un fuerte malestar y la sensación de que los propietarios no están siendo justamente indemnizados.

En este contexto, los vecinos afectados se sienten ignorados y poco representados en el proceso. La percepción generalizada es que las decisiones se están tomando de forma acelerada, sin la suficiente información ni participación pública, y con un trato que consideran injusto por lo que reclaman mayor transparencia, rigor en el cumplimiento de la normativa vigente, y un procedimiento que garantice sus derechos y la justa compensación por sus propiedades.

Asimismo, vecinos del municipio se preguntan sin los propietarios afectados recurrirán la tasación hecha ante el Jurado Provincial de Expropiación y presentarán valoraciones alternativas, alertando del posible impacto económico que dichos recursos podrían tener en las cuentas del Ayuntamiento en caso de que, finalmente, se estimasen valoraciones por cuantías muy superiores a las que denuncian que se están dando.