Denuncian a Pascual por iniciar la demolición de la Residencia Cantabria “sin informar absolutamente nada” a los trabajadores del SCS sobre materiales y residuos “potencialmente peligrosos”
La Agrupación de Trabajadores Independientes (ATI) ha tachado este jueves al consejero de Salud, César Pascual, de “incoherente e irresponsable” por comenzar el desmontaje y la demolición de la Residencia Cantabria sin “haber informado absolutamente nada” a los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que se puedan ver afectados por el “entramado complejo de materiales potencialmente peligrosos, como es el amianto”, y “otros posibles residuos peligrosos de naturaleza radiológica” derivados del uso asistencial que durante décadas se ofreció en el edificio.
En concreto, el sindicato ha recordado que hay trabajadores del servicio sanitario “en un entorno de 50 - 100 metros” de este edificio, como es el caso de los que trabajan en el almacén y el centro de salud de Cazoña, así como los del IDIVAL y los de la propia gerencia del SCS. Por todo ello, van a emprender las acciones correspondientes para denunciar lo ocurrido ante Inspección de Trabajo.
ESTILO CACIQUIL Y VULNERACIÓN DE LEYES
Para ATI, Pascual ha actuado “al más puro estilo caciquil” y vulnerando la Ley 31/1995 de P.R.L. que “obliga a informar a todos los trabajadores potencialmente expuestos, incluso indirectamente, y a proporcionarles una protección eficaz en materia de seguridad y salud, a ser informados directamente sobre los riesgos concretos que les afecten, protocolos y medidas de protección; así como, a realizar una identificación nominal de trabajadores potencialmente expuestos y su vigilancia de la salud específica por exposición a amianto, y a hacerles conocedores del plan de contingencia y emergencia ante una liberación accidental de fibras”.
Según la organización sindical, a pesar de lo que recoge la normativa, Pascual no ha materializado “absolutamente nada de nada” en lo que a actuaciones de este tipo se refiere, por lo que considera que “tanto la omisión de información como la falta de medidas preventivas y de seguridad” hacia los trabajadores cercanos a la Residencia Cantabria “se corresponde con actuaciones del todo negligentes y al margen de la ley, al contradecir totalmente lo que la Ley de P.R.L. establece a estos efectos”.
INCUMPLIMIENTOS DE PASCUAL
A esto añade “una serie de cumplimientos que debió hacer y no ha hecho”, destacando entre ellos “no realizar una evaluación especifica de riesgo obligatoria, que incluye cantidad de riesgos como la liberación de fibras de amianto, el riesgo por polvo de demolición continuado, o por residuos peligrosos y sanitarios, o de restos radiológicos”, lo cual, a su juicio, “demuestra la más absoluta indiferencia y desprecio que Pascual siente hacia sus trabajadores, a los que pareciera les considera una piedra más de las que derruir”.
Unas evaluaciones que están recogidas en el artículo 16 de la Ley de P.RL, el RD 396/2006 (amianto), o el RD 665/19677 agentes cancerígenos, recuerda ATI, y que “Pascual no ha hecho porque sus trabajadores le importan un bledo y las leyes las ignora; de ahí que ello le pudiera implicar responsabilidad administrativa y penal si hay riesgo para la salud, sobre todo, por omisión de deberes y negligencia grave”.
En este sentido, ATI recuerda que la obra va a tener una duración de 18 meses, durante los cuales se retirará “gran cantidad de amianto, siendo este un material clasificado como cancerígeno y cuya inhalación produce enfermedades graves como, fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón, mesotelioma o placas pleurales”.
INFORMACIÓN PARA LOS VECINOS
Sobre la falta de información a los trabajadores, el sindicato añade que la situación se agrava aún más ya que todos estos datos y riesgos asociados “sí han sido dados a conocer a los vecinos colindantes a la obra, a través de las Asociaciones de Vecinos Amigos de Cazoña y la de Ciudad Jardín, en la reunión que mantuvo con ellos hace 7 días el Gerente del Servicio Cántabro de Salud, Luis Carretero, y el técnico de Medioambiente encargo de la obra”.
Una reunión que, según detalla ATI, ha vuelto a repetirse este jueves con todos los vecinos y con la presencia también del Técnico Encargado de Medioambiente de la obra, para “comunicarles de primera mano riesgos de dicha desmantelación, y a sus trabajadores tener la poca vergüenza de no haberles comunicado nada de nada, lo cual, deja entrever que Pascual les aborrece y le importan menos que nada”, subraya.
DENUNCIA ANTE INSPECCIÓN DE TRABAJO
Ante todo esto, ATI avanza que presentará denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por “omisión de información a los trabajadores afectados y nula protección eficaz”, y exige a Pascual “lo que ya se le requirió, información detallada y acreditación por escrito” de cuatro aspectos que consideran fundamentales: confirmación de que existe un plan de trabajo específico para la retirada y gestión del amianto, aprobado por la autoridad laboral competente; identificación de la empresa autorizada encargada de dichos trabajos (inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto – RERA); información sobre las medidas de contención, control ambiental y protección adoptadas para evitar la dispersión de fibras fuera del recinto de obra; y si se prevé la realización de mediciones ambientales en el entorno.
Asimismo, solicita “copia o acceso al plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral y a los informes de control ambiental disponibles”, con el objetivo de “garantizar una protección eficaz de la seguridad y salud de los trabajadores implicados” a la vista “del oscurantismo que el Sr. Pascual claramente manifiesta hacia aquellos trabajadores del SCS que desarrollan su actividad en las inmediaciones de la zona, y que, desafortunadamente y por 18 meses, permanecerán afectados” por las obras.
Por último, ATI recuerda a Pascual que, “aun a sabiendas de su gran interés por ver culminado cuanto antes su dorado Parque Científico y Tecnológico de la Salud”, que irá enclavado en lo que hoy es la Residencia Cantabria y que “llevará la marca inconfundible de su sello privatizador, dado que el mismo se funda sobre las bases de una Fundación Publico Privada, su prioridad ante esta obra debe ser la seguridad y la salud de sus trabajadores frente al amianto que la Residencia Cantabria alberga, siendo responsable él, y solo él, de lo que ocurra”, como recoge el artículo 14.1 de la ley de P.R.L.