Costas cierra parte del balneario de la primera de El Sardinero por "riesgo estructural"
El Ayuntamiento de Santander ha recibido esta mañana una comunicación oficial de la Demarcación de Costas en Cantabria en la que solicita el cierre cautelar inmediato del acceso público a una parte del balneario de la Primera Playa de El Sardinero, a raíz de un informe técnico que expone advertencias de seguridad y "riesgo estructural".
En dicho oficio, Costas -que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- indica que, de acuerdo con las advertencias trasladadas por la dirección de obra, se debe proceder al cierre cautelar con el objetivo de evitar cualquier riesgo para la integridad de las personas, según ha informado el Consistorio.
El Ayuntamiento ha indicado que ha actuado "de forma inmediata" a través de la Policía Local, que ha procedido a reforzar el cierre preexistente y a señalizar los accesos, con el objetivo de impedir el paso y garantizar la seguridad de los ciudadanos, en línea con las indicaciones trasladadas por la Demarcación de Costas.
Esta administración pone de manifiesto una situación de "riesgo estructural no resuelta", dado que las medidas de apuntalamiento adoptadas tienen carácter provisional y preventivo, sin garantizar de forma definitiva la seguridad, lo que ha motivado la advertencia expresa de incompatibilidad con el uso público.
El Ayuntamiento ha remarcado que se trata de un inmueble de titularidad estatal, dependiente de la Demarcación de Costas, que mantiene concesionada su explotación. No obstante, ha asegurado que continuará realizando el seguimiento de esta situación y velará por el cumplimiento de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en este espacio.
TRAGEDIA DEL BOCAL
Este cierre se produce apenas una semana después de que la jueza que instruye la tragedia de El Bocal, donde el pasado 3 de marzo fallecieron seis jóvenes, señalara a la Demarcación de Costas como "única responsable" del mantenimiento de aquella pasarela. La investigación judicial ha revelado que Costas conocía el deterioro de la estructura desde mayo de 2024 y que, al ser una obra no finalizada ni recepcionada por el Ayuntamiento, la obligación de conservación era exclusivamente estatal.