"Cantabria no necesita hospitales con crucifijos en las paredes, sino quirófanos abiertos, profesionales bien pagados y centros de salud con recursos suficientes"
Podemos Cantabria denuncia que "el Gobierno de Cantabria ha cruzado todos los límites". Y es que, según el partido, "en una comunidad donde los hospitales públicos enfrentan falta de personal, listas de espera interminables y recursos cada vez más escasos, el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga estaría destinando dinero público para proteger los intereses de una orden religiosa en lugar de reforzar los servicios sanitarios."
El propio consejero de Sanidad, César Pascual, lo reconoció sin pudor al justificar el nuevo convenio con el Hospital Santa Clotilde como una medida para "dar estabilidad" a la congregación que lo gestiona, porque "quiere hacer una inversión muy importante".
Por ello, desde Podemos Cantabria "consideramos estas palabras gravísimas y moralmente inaceptables: suponen admitir que el Gobierno trabaja para garantizar la viabilidad económica de una orden religiosa, no para reforzar la sanidad pública". Así, el convenio con Santa Clotilde, que compromete más de 200 millones de euros durante 24 años, "no es un acuerdo técnico, sino una privatización encubierta que hipoteca el presupuesto sanitario". "Si el Gobierno quiere reducir las listas de espera, que invierta en Valdecilla, Sierrallana o Laredo, y no en sostener los negocios de una congregación", ha declarado la coordinadora autonómica, Mercedes González.
González ha calificado de "vergonzoso y escandaloso" que el Ejecutivo se atreva a hablar de "dar estabilidad" a una congregación mientras la sanidad pública se desangra. "Lo que necesita estabilidad no es una orden religiosa, sino los profesionales que cada día sostienen nuestros hospitales con medios precarios y sueldos congelados. Lo que hay detrás de este convenio es una confesionalización de la sanidad pública, de un derecho básico con dinero de todos. Y eso es inaceptable en un Estado laico", ha afirmado.
Por ello, Podemos Cantabria exige el cese inmediato del consejero de Sanidad, César Pascual, por haber demostrado que actúa al servicio de intereses privados y religiosos. Y si la presidenta María José Sáenz de Buruaga no lo destituye, debe asumir personalmente la responsabilidad política de este ataque directo a la sanidad pública.
"Cantabria no necesita hospitales con crucifijos en las paredes, sino quirófanos abiertos, profesionales bien pagados y centros de salud con recursos suficientes", ha concluido Mercedes González. "La salud es un derecho, no un negocio. Y mucho menos, un negocio bendecido".