21 trabajadores de Urgencias de Valdecilla han denunciado acoso laboral en el último año y medio ante la inacción del PP
El sindicato ATI ha denunciado públicamente la “gravísima situación de desprotección y vulneración sistemática de derechos fundamentales” que sufren las víctimas de acoso laboral en el Servicio Cántabro de Salus (SCS), y en particular, “en el caso del Servicio de Urgencias del Hospital Valdecilla”, señalando como máximo responsable al consejero de Salud, César Pascual.
En concreto, la organización sindical ha desvelado el acoso enunciado por 21 trabajadores de las Urgencias de Valdecilla “desde hace año y medio”, algo ante lo que “intolerablemente, el consejero Pascual no ha movido un solo dedo, ni ha hecho un solo gesto, ni medida alguna de protección al respecto, dejando por ello a las víctimas en una situación de abandono absoluto”. Un “desprecio total hacia esos trabajadores, y por consecuencia, una total indiferencia ante la violencia en el trabajo”, critica ATI.
NORMALIZAR EL ACOSO
Ante esto, y tras este año y medio, este “nefasto político al que los trabajadores le traen al pairo” ha nombrado un instructor el caso hace aproximadamente un mes, indica el sindicato en un comunicado.
Una cuestión que “claramente demuestra que el consejero Pascual está normalizando el acoso laboral de tal manera que está permitiendo que se perpetúe” al “ignorar las normativas vigentes, la omisión de medidas obligatorias y permitiendo que se vulneren derechos fundamentales de manera continuada”. A juicio de ATI, esto provoca que los trabajadores del SCS “se vean obligados a sobrevivir como pueden, acudiendo cada día a su trabajo, mientras sufren hostigamiento y presión constante”.
ABOGADO DE LA PRESUNTA ACOSADORA
La organización sindical ha denunciado también que durante el proceso de investigación del acoso por parte del instructor, cuando este fue llamando, uno a uno, a los 21 trabajadores para tomarles declaración, “es bastante insólito que a alguna de las entrevistas acudiera el abogado de la presunta acosadora”, y que además, “preguntara y repreguntara a la supuesta víctima como si de un interrogatorio judicial se tratara, lo cual podría incurrir en un acto intimidatorio y romper la confidencialidad, máxime cuando el acto de prestar declaración sobre un tema tan sensible como el acoso laboral exige un criterio restrictivo y de protección máxima”.
A juicio de ATI, esto puede haber podido generar “indefensión en las víctimas y desnaturaliza cualquier garantía de imparcialidad del procedimiento”. En este sentido, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional establecen que “cuando un procedimiento se desarrolla en condiciones de presión, intimidación o desequilibrio, se produce indefensión material, lo que puede determinar la nulidad de pleno derecho de las actuaciones”.
PASCUAL OMITE LA OBLIGACIÓN LEGAL
A todo ello se añade que “Pascual ha omitido la obligación legal de evaluar los riesgos psicosociales derivados del acoso laboral, activar protocolos de protección inmediatos y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, lo que supone un incumplimiento grave de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, especialmente en lo relativo a la protección frente a riesgos psicosociales”, señala ATI.
Sobre el caso de acoso en Urgencias de Valdecilla, el sindicato señala que “no es un hecho aislado, sino que reproduce un patrón ya ocurrido en el propio Servicio Cántabro de Salud, con las trabajadoras de Anatomía Patológica”. En aquella ocasión, denuncian, “Pascual no protegió a las víctimas, no actuó frente al acoso provocado por cuatro acosadoras hacia cinco compañeras y permitió la prolongación del daño, viéndose las víctimas obligadas, ante la falta de medidas y desprotección, a acudir a la vía judicial, y terminando el caso con una condena penal, incluyendo penas de prisión para las cuatro delincuentes”.
MISMO MODELO DE ACTUACIÓN
“Repetir el mismo modelo de actuación sin que la administración ponga límites, nada más que la justicia, es algo fuera de lo normal, totalmente incongruente y que tan solo obedece a la inacción del consejero Pascual, quien permite la repetición de prácticas ya sancionadas judicialmente”, subraya el sindicato, que recuerda que el SCS lleva seis meses para elaborar un protocolo de acoso laboral, que es “obligatorio tenerlo”, y “a juzgar por el tiempo pasado no tiene prisa por terminarlo, al igual que a la Inspección de Trabajo, a la que el caso ha sido denunciado por ATI, y tampoco parece que la importe que el tiempo vaya pasando”.
Desde la organización sindical “se advierte que estos hechos repetitivos pueden ser constitutivos de responsabilidad penal”, conforme al artículo 173 del Código Penal (trato degradante y acoso laboral). “La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el acoso laboral puede ser delito cuando existe reiteración, daño moral y tolerancia institucional. Asimismo, la Administración puede incurrir en responsabilidad por omisión, al no proteger a los trabajadores pese a su obligación legal”, ha recordado ATI, que acusa a Pascual de una “total falta de actuación frente al acoso laboral”, lo que unido a un “preocupante desprecio por la normativa vigente en esa materia, configuran un escenario de negligencia e irresponsabilidad institucional intolerable”.