Unos 2.000 inmigrantes en Cantabria podrán acogerse al proceso de regularización extraordinaria
La Delegación del Gobierno en Cantabria estima que unas 2.000 personas migrantes en la comunidad autónoma podrían acogerse al proceso de regularización extraordinaria. En el conjunto del país, se prevé que puedan rondar el entorno del medio millón.
Así lo ha indicado, a preguntas de la prensa, el representante del Estado en Cantabria, Pedro Casares, quien ha subrayado que se trata solo de una "estimación", ya que es algo "difícil de calcular".
Casares ha considerado "una noticia extraordinaria" la aprobación en el Consejo de Ministros de este martes del real decreto para esta regularización extraordinaria de migrantes.
A su juicio, se trata de "un buen paso" para avanzar en que España sea una "tierra de acogida" y de respeto a los derechos humanos, y con el que además se da cumplimiento a un "mandato del Congreso de los Diputados" en relación a una iniciativa popular que recogió "miles de firmas".
Según Casares, se trata de un proceso de "normalización", ya que sirve para regularizar la situación de migrantes que ya viven en España y con el que "avanzamos en el reconocimiento de derechos y obligaciones".
Además, lo ve como algo de "justicia" en un país que "históricamente ha sido de migrantes" y que quiere reconocer los derechos de todas las personas, y también como una "necesidad" debido al envejecimiento de la población. En este sentido, ha señalado que en España "necesitamos la incorporación de nuevas personas al mercado de trabajo para mantener nuestro estado del bienestar".
"Y en eso el Gobierno de España está comprometido haciendo dos cosas: reconociendo derechos para todas las personas, pero también que contribuyan con obligaciones porque de lo que estamos hablando es de ofrecer derechos, pero también que la población inmigrante contribuya al sostenimiento de nuestro estado del bienestar", ha indicado Casares.
El delegado del Gobierno ha realizado estas declaraciones antes de inaugurar una jornada formativa sobre la instalación de puntos violeta en los institutos de Cantabria.
El proceso que ahora arranca está dirigido a personas en situación irregular que estuviesen ya en España antes del 1 de enero de 2026 y lleven ininterrumpidamente cinco meses en el país. Asimismo, podrán optar a él todos aquellos solicitantes de asilo que hayan presentado su solicitud hasta el 31 de diciembre de 2025.