Salvar Torrelavega recurre la ZBE al Supremo por “falta de proporcionalidad”
La Plataforma Salvar Torrelavega de una ZBE Ruinosa ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que validó la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones del municipio, al entender que el fallo incurre en una "falta de proporcionalidad" y en una interpretación "contraria a Derecho" que "perjudica a ciudadanos y tejido económico local".
Según la Plataforma, la resolución judicial "no efectúa una ponderación real" de los intereses en conflicto, sino que da por hecho que la protección del medio ambiente debe prevalecer sobre derechos fundamentales como la libertad de circulación o la libertad de empresa, "sin un análisis concreto de las consecuencias".
VERSIÓN ABREVIADA “SIN JUSTIFICARLO”
En este sentido, la Salvar Torrelavega sostiene que la normativa estatal habilita la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE), pero no legitima que se dé por válida cualquier restricción sin un control riguroso. A su juicio, aceptar esa premisa supondría "debilitar el papel de los tribunales en la supervisión de medidas que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos".
Otro de los argumentos del recurso se centra en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), que considera "insuficiente". La Plataforma denuncia que el Ayuntamiento optó por una versión abreviada "sin justificarlo adecuadamente" y que la sentencia "resta importancia a esta deficiencia", pese a ser un documento "esencial" para justificar la necesidad de la norma, analizar alternativas menos restrictivas y evaluar su impacto real.
“AUSENCIA DE UNA EVALUACIÓN RIGUROSA”
Además, rechaza que el Anexo I del Real Decreto 1052/2022 pueda sustituir a dicha memoria, como interpreta la sentencia. Según el colectivo, ambos instrumentos tienen funciones diferenciadas y no equivalentes, por lo que "su confusión implica una merma en las garantías del procedimiento".
También pone el acento en la "ausencia de una evaluación rigurosa" de las cargas económicas y administrativas derivadas de la ordenanza. Asegura que las restricciones afectan de forma directa a pequeños negocios, trabajadores y operadores económicos, y que el Ayuntamiento "no ha valorado de manera suficiente el impacto" de decisiones como el perímetro de la ZBE, sus horarios o las limitaciones impuestas.
INFORME TÉCNICO DE DOYMO
Otro aspecto es que la plataforma considera inadecuado el uso del informe técnico elaborado por la empresa DOYMO como base de motivación de la ordenanza, ya que indica que no formaba parte del expediente durante la tramitación de la norma y que fue incorporado posteriormente en sede judicial. Asimismo, Salvar Torrelavega insiste en que se han aprobado restricciones "más severas que" las recomendadas por los técnicos municipales sin una motivación.
La entidad sostiene que el caso presenta interés casacional, tanto por tratarse de una disposición de carácter general como por su posible repercusión en otros municipios. En este sentido, cree que la decisión del Tribunal Supremo podría marcar criterios relevantes sobre los límites y requisitos en la implantación de zonas de bajas emisiones en España.