Airbnb deberá retirar cerca de 6.000 anuncios ilegales de pisos turísticos
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2.030 ha ordenado a Airbnb el bloqueo de 65.935 anuncios de viviendas turísticas ilegales publicados en su plataforma. Se trata de alojamientos completos que no cumplen con las normativas autonómicas de comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Euskadi, según ha detallado este lunes el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy.
La medida se basa en tres infracciones principales detectadas por la Dirección General de Consumo:
- Ausencia del número de licencia o registro, obligatorio en muchas comunidades.
- Falta de información sobre la naturaleza jurídica del arrendador (si es particular o profesional).
- Uso de licencias falsas o no verificadas, lo que puede inducir a engaño a los consumidores.
Aunque Airbnb recurrió la medida ante los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Mdrid ha respaldado a Consumo y, en un auto reciente, ordena a la plataforma eliminar de forma inmediata 5.800 anuncios ilegales correspondientes a su primera resolución.
La retirada masiva de anuncios ilegales se enmarca en la estrategia del Ministerio para frenar el descontrol de la oferta turística no regulada, facilitar el acceso a la vivienda y proteger los derechos de los consumidores. Bustinduy ha reiterado su compromiso de colaborar con las comunidades autónomas para actuar contra los anuncios fraudulentos y aportar asistencia técnica.
Además, Consumo mantiene expedientes sancionadores abiertos contra Airbnb desde diciembre de 2024 por negarse a retirar los anuncios. También se ha expedientado a grandes gestoras de alquiler turístico por no informar adecuadamente sobre la figura legal del arrendador y a Alquiler Seguro, en marzo, por prácticas abusivas contra inquilinos, tras denuncias presentadas por FACUA.
Con estas actuaciones, el Ministerio intensifica su vigilancia sobre el mercado del alquiler vacacional, donde sigue detectando una oferta masiva de pisos ilegales que vulneran las normativas autonómicas y afectan directamente al precio del alquiler residencial y la convivencia en zonas urbanas.