“Lo que sí sé es que en Bezana más de una persona debería dimitir si existe irregularidad en la gestión de las barras de las fiestas"

Han pasado ya más de dos semanas desde que el PRC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana preguntara en un pleno por la adjudicación de la explotación de las barras en todas las fiestas del municipio. El equipo de gobierno local, formado por PP y Vox con Carmen Pérez a la cabeza, afirmó que respondería por escrito, pero por ahora, silencio de radio. Algo que está empezando a impacientar a los partidos de la oposición, entre los que se repite una idea: falta de transparencia. Y algunos incluso consideran que se deberían asumir responsabilidades en forma de dimisiones si se llegara a demostrar algún tipo de irregularidad.

Es, por ejemplo, lo que plantea Enrique Gordaliza, portavoz del Grupo Municipal Regionalista a preguntas de eldiariocantabria.es. Tal y como explica, el motivo de plantear la cuestión de la gestión de las barras en el pleno nace de una “conversación sobre el tema con un vecino”, y aunque desconoce si existen informes del secretario, el tesorero o el interventor sobre este tema en concreto, sí apunta que “en algún informe anterior” se habla, “en general, del abuso de adjudicaciones por debajo del límite legal, es decir, sin concurso”.

CUENTAS DE LAS BARRAS

Sobre la gestión de las barras en las fiestas municipales, en concreto, considera “interesante conocer las cuentas”. Como ha podido saber este diario, y han confirmado varias fuentes, los pagos que se realizan a través de tarjetas van dirigidos a la cuenta de una misma persona, un particular que, como ya adelantó eldiariocantabria.es, mantendría presuntamente relaciones contractuales con el Ayuntamiento en otras áreas.

Desde el PRC se presupone que esta cuenta de tipo personal estará vinculada a “alguien con responsabilidades en una sociedad” mercantil, y por lo tanto, “su control está claro” a través de Hacienda. Pero en todo caso, las cuantías que mueven las barras son los suficientemente altas como para considerar la convocatoria de “un concurso”, ya que “podría haber gente interesada en gestionarlas” y para el Ayuntamiento sería una fuente de ingresos.

REDUCIR EL GASTO

Para Gordaliza, que avanza que “en las próximas semanas preguntaré por el importe gastado en carpas, pantallas, seguridad privada” y otros eventos, lo que se debería hacer es “reducir el gasto superfluo y no productivo”, y aquí incluye lo que se destina a fiestas, que considera “excesivo”.

No quiere esto decir que no deba haber celebraciones, pero “sabemos que nos podemos divertir igual con menor gasto”. “Los ayuntamientos deben dejar de ser empresas organizadoras de eventos y dedicar más tiempo y dinero a infraestructuras, servicios sociales, sanidad…”, valora. Y desde luego, si se llegara a demostrar irregularidades en esta gestión de las barras “sí sé que más de una persona debería dimitir”.

MONOPOLIO FUERA DE UNA ADJUDICACIÓN

Los otros dos partidos de la oposición dentro del Ayuntamiento, PSOE y ADVI, también han mostrado su preocupación por la deriva que está tomando la gestión municipal tanto en este tema como en líneas generales. La portavoz socialista, Nuria Landeras, ha afirmado a este medio que “no compartimos la gestión que están realizando” para todos los festejos, ya que se produjo un “cambio de Concejalía” a mitad de legislatura y es “tremendamente complicado hacer un seguimiento exhaustivo” tanto de las fiestas como de la fiscalización.

“Alguna vez hemos solicitado algunas facturas y nos han remitido un certificado de gastos”, reconoce el líder municipal socialista. Desde su formación siempre han supuesto que “todo se estaba haciendo desde el paraguas de la legalidad”, pero las dudas han empezado a surgir, y “estamos a la espera de la respuesta de la alcaldesa” a la pregunta formulada en el pleno.

Más dura es Milagros Bárcena, portavoz de ADVI en el Consistorio, quien reconoce su sorpresa sobre la identidad de la persona o personas que gestionan las barras, pues “estamos asistiendo a ver a las mismas personas” en todas las fiestas “sin que los concejales hayamos visto adjudicación alguna”. “Todo hace indicar que existe un monopolio fuera de una adjudicación, que sería lo correcto”, añade.

CONTRATOS MENORES

Similar es la mirada que arroja OlaCantabria, que al igual que las formaciones consultadas por eldiariocantabria.es, desconoce la existencia de informes emitidos por algún alto funcionario relacionado con la gestión de las barras de las fiestas. Y aunque la formación considera que este tipo de eventos suelen estar siempre “en manos de asociaciones locales” y, por lo tanto, el Ayuntamiento no entraría directamente en la gestión de las mismas, si considera que “debería establecer mecanismos de control y transparencia”, y “exigir la justificación de los fondos públicos o del uso de espacios municipales”, apunta Juan José Bárcena, portavoz de la formación.

En este sentido, se suma al resto de partidos en su preocupación por “el uso reiterado y desproporcionado de contratos menores” por parte del equipo de gobierno local durante los últimos años, algo que “ha supuesto un importante perjuicio para las arcas públicas”, pues se eluden “procedimientos de contratación más transparentes y competitivos”. Algo que se debe a “una sistemática falta de previsión” y que se traduce, asegura, en una “preocupante dejadez en la gestión” que “compromete la confianza de los ciudadanos”.

TRANSPARENCIA

El hecho de que no se hayan dado a conocer posibles informes, unido a las características de los cobros de las barras de fiestas, lleva a los partidos a exigir, en líneas generales, “transparencia total” por parte de PP y Vox. Es el caso también de formaciones que no tienen representación en el Consistorio, como Podemos. Javier San Martín, su representante en el municipio, reconoce que más allá de la pregunta en el pleno no tienen ninguna otra información, pero considera que “la ley es clara”, y “hay que sacar los pliegos públicos”.

Y en caso de existir algún tipo de irregularidad “se podría estar incurriendo en un supuesto delito”, por lo que “pedimos explicaciones al equipo de gobierno y que se cumpla la ley”.

Desde Izquierda Unida no entienden “qué puede haber detrás para este oscurantismo”. Su responsable en Bezana, Gonzalo Revuelta, cree que existe “una clara falta de transparencia”, y apunta a que los propios funcionarios podrían ser “desconocedores de lo que ocurre” y que “la decisión sea únicamente política y sin cauce administrativo”, pero en todo caso, insta a preguntar al personal para “arrojar luz a esta situación”.