POLÍTICA

El "pelotazo urbanístico" del PP en Cantabria ya está en marcha: 370 viviendas construidas en suelo rústico en poco más de año y medio

Medio rural de Cantabria

La nueva Ley del Suelo de Cantabria, que ha sido criticada por prácticamente todos los partidos de la oposición y asociaciones y organizaciones ecologistas, está cumpliendo su objetivo. Según ha revelado este lunes el Gobierno autonómico del PP, la normativa, cuya modificación entró en vigor el 1 de enero de 2024, ha permitido autorizar la construcción de más de 370 viviendas unifamiliares en suelo rústico. En el mismo periodo se han denegado otros 700 permisos.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media, ha dado este dato a preguntas de la prensa en la visita que ha realizado este lunes a Potes, donde ha calificado esta norma de "éxito rotundo".

VIVIENDA SIN IRSE DEL PUEBLO

Y es que ha destacado que las autorizaciones en suelo rústico han permitido que "mucha gente joven tenga hoy una vivienda en unas condiciones razonables sin irse de su pueblo", en un terreno que han comprado o heredado de sus padres. Además, ha subrayado que esta dinamización del suelo ha generado inversión, actividad e impuestos para los ayuntamientos que "revertirán en nuevos servicios o mejora" de los existentes.

Por ello ha defendido que permitir la construcción en este tipo de suelo es una medida "buena" y "razonable", frente a lo que alegaban algunos grupos que están en contra. "Era absolutamente ridículo lo que pretendieron otros de parar esta actuación". "Lo que era una caída libre hacia la desaparición de muchos de esos pueblos, se está convirtiendo en todo lo contrario", ha aseverado el consejero.

CRÍTICAS

Las críticas a la normativa han llegado prácticamente de todos los ámbitos, incluyendo el estatal. El PRC denunció en su momento que esta modificación es “un pelotazo urbanístico inadmisible”, mientras que desde el PSOE se consideró “insostenible” el desarrollo de esta vivienda unifamiliar.

Y también el Gobierno de España se pronunció al respecto, avisando de la posible inconstitucionalidad de algunos artículos de la reforma. En concreto, dichos artículos son los relacionados con la regulación de la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico.