La oposición fuerza al PP a presentar en dos meses toda la documentación sobre el proyecto Altamira, “una crónica de un fracaso anunciado”
El Pleno del Parlamento de Cantabria ha acordado este lunes instar al Gobierno regional (PP) a presentar en sede parlamentaria, en el plazo de dos meses, toda la documentación existente sobre el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) para el centro de datos Altamira que se prevé construir en terrenos entre Piélagos y Villaescusa, con una inversión privada de 3.600 millones de euros.
Se trata de una iniciativa impulsada por el PRC, que ha contado con el apoyo del PSOE y Vox, que han pedido "transparencia" sobre el proyecto; mientras que los 'populares' y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio la han rechazado. El grupo del Gobierno (PP) ha asegurado que éste está haciendo "todo lo posible para retener la inversión".
DIFERENTES TIPOS DE INFORMACIÓN
En concreto, en la moción se solicita información sobre el consumo de energía, funciones de red eléctrica, aporte de agua total y potable, sistema de calor residual reutilizado y datos de empleo directo e indirecto y tipo de cualificación del empleo creado.
También se pide información sobre su contribución a la cohesión territorial, mejora de la accesibilidad al empleo, incluyendo infraestructuras, transporte y movilidad laboral; análisis del impacto esperado en la economía local y nacional, incluyendo la justificación de cómo se logra; ubicación de los clientes potenciales, así como el origen y destino de los datos a almacenar o procesar, y obligaciones a cumplir por los operadores de centros de datos contenidas en el proyecto.
PROYECTO “FICTICIO”
El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha señalado que hasta el momento "no nos han dado ni un solo dato" y "no hemos visto ni un solo avance" sobre este proyecto que ha calificado de "ficticio".
"Estamos ante una crónica de un fracaso anunciado, de una decepción palpable", ha aseverado Hernando, que ha indicado que, hasta la semana pasada, el Gobierno de Cantabria "anunciaba a bombo y platillo" el gran proyecto de inversión de esta legislatura", pero a partir de entonces, "ya empezaron a echar varones fuera", lo que ha aumentado la "preocupación" de los regionalistas.
CANTABRIA NO APARECE EN EL INFORME ANUAL DEL CENTRO DE DATOS EN ESPAÑA
Además, ha añadido que en el Informe Anual de Centro de Datos en España, Spain DC 2025, presentado hace un mes por el lobby de los centros de datos españoles, Cantabria no aparece en "ninguna" de sus páginas.
"En Cantabria no hay nada", ha manifestado Hernando, que ha avanzado que el PRC va registrar una pregunta y una solicitud de documentación, "no vaya a ser que no se hayan pagado los 10 millones de los terrenos, no vaya a ser que lo que se haya firmado sea una opción de compra y no se hayan pagado íntegramente esos 10 millones".
HACER LAS COSAS BIEN
La iniciativa regionalista ha contado con el apoyo del PSOE, que ha defendido "disponer de toda la documentación para poder decidir con rigor, con transparencia y con responsabilidad" sobre este proyecto "estratégico" para el desarrollo tecnológico, la innovación o la competitividad, que no se puede abordar "desde la opacidad o la falta de datos, la falta de certezas".
"Estamos hablando de hacer las cosas bien, de tener garantías", ha subrayado la diputada socialista Ana Belén Álvarez, que ha argumentado que "exigir información genera confianza y seguridad jurídica, y eso, lejos de ahuyentar inversiones, las fortalece".
TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista entienden que apoyar esta moción es "una decisión coherente con la transparencia, la responsabilidad pública, sostenibilidad y defensa del interés general". "Este Parlamento no está para poner obstáculos al progreso, pero tampoco está para firmar cheques en blanco", ha apuntado.
En la misma línea, Vox ha pedido "transparencia" para un Proyecto Singular de Interés Regional que, "tras meses de promesas, parece estancado en una parálisis térmica y administrativa". "Es alarmante ver cómo el Ejecutivo ha pasado de apoderarse del proyecto a 11 meses de anuncios sin avances materiales", ha censurado la diputada Natividad Fernández, que ha exigido "que Altamira deje de ser un 'prau' dependiente de un enchufe y un secreto industrial para convertirse en una realidad fiscalizable".
A su juicio, "la soberanía industrial y nuestros recursos", es decir, el agua y la energía, no pueden sacrificarse ante fondos de inversión sin garantías claras". De esta forma, cree que la documentación requerida en dos meses dirá "si estamos ante el motor del siglo XXI o ante el mayor fiasco de esta legislatura".
PROYECTO SÓLIDO Y SOLVENTE
Sin embargo, los 'populares' han asegurado que el Ejecutivo autonómico "está haciendo todo lo posible por retener esa inversión", que es "importantísima para Cantabria". "Todo indica que el proyecto Altamira es un proyecto sólido, solvente y maduro", en el que tanto la Consejería como la empresa, incluso la Universidad de Cantabria, están haciendo todo lo necesario que está en su mano para retener esa inversión importantísima en Cantabria" y "están cumpliendo".
Así, el diputado del PP Alejandro Liz ha censurado que "el que no está cumpliendo" es el Gobierno central, que es "el que nos tiene que dotar de la energía suficiente" para llevar a cabo el proyecto.
SUSPENDER EL PACTO VERDE
La última iniciativa que se ha votado en el Pleno, ya en la sesión vespertina, ha sido rechazada porque Vox se ha quedado solo en su intención de instar al Gobierno de Cantabria a exigir la suspensión del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030.
En su defensa, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha afirmado que la estrategia europea de descarbonización "no es una transición energética, es un desmantelamiento", ya que desde 1977 la producción anual de la industria química de Cantabria -Solvay- ha pasado de casi un millón de toneladas a poco más de 400.000 previstas para 2026 y ha pasado de más de 2.000 trabajadores a apenas 267.
Asimismo, Vox ha rechazado una enmienda de modificación del PP porque, a juicio de Díaz, planteaba "adaptarse al problema en lugar de actuar en la raíz", lo que hubiera convertido "esta iniciativa de defensa industrial en un planteamiento de gestión del declive", ha añadido.
TRANSICIÓN SIN DESTRUIR COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
En contraste, el 'popular' Alejandro Liz ha defendido la transición energética europea, que "se debe hacer sin destruir competitividad, empleo y capacidad productiva de Europa". Además, ha abogado por la descarbonización y ha pedido a Vox que abandone su discurso "autárquico y nacionalproteccionista", que es pan para hoy y hambre para mañana".
Por parte del PRC, Javier López Estrada ha criticado los relatos "vistosos, aparentes, creíbles, pero completamente superficiales" de Vox y ha insistido en que la producción de Solvay es un carbonato utilizado para diálisis con un valor añadido "muy superior al que se producía únicamente en el año 1977", y que el desmantelamiento de la mina de Reocín y el cierre de Sniace fueron "anteriores" al Pacto Verde Europeo.
Por su lado, la socialista Ana Belén Álvarez ha opinado que la PNL, "bajo la apariencia de una defensa del empleo", es una enmienda a la totalidad del futuro industrial de Cantabria y de España". En este sentido, ha apostado por "aprovechar el Pacto Verde Europeo", el cual ha definido como "la mayor oportunidad de reindustrialización que ha tenido Europa en décadas".