Denuncian ante Europa "posibles incumplimientos" por parte del Gobierno 'popular' de la normativa europea sobre gestión y protección del suelo
Podemos Cantabria ha denunciado que la aplicación de la Ley 5/2022 por parte del Gobierno de Cantabria, especialmente en lo relativo a las construcciones en suelo rústico, junto con el uso de la figura de los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR), "está provocando una urbanización descontrolada y la destrucción progresiva de suelos agrícolas y forestales". La formación advierte que estas prácticas "ignoran la planificación municipal y los criterios de sostenibilidad, generando un modelo territorial que contradice los principios y estrategias de la Unión Europea en materia de protección del suelo, clima y biodiversidad".
Podemos Cantabria recuerda que la Ley 5/2022 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, mediante la figura de los PSIR, "permite la implantación de grandes infraestructuras industriales, logísticas o turísticas en suelos de alto valor agrícola y forestal, incluso fuera de los planes urbanísticos municipales. Entre los proyectos más destacados se encuentran La Pasiega, Las Excavadas y Laredo, que afectan a más de 270 hectáreas de suelo fértil y de especial protección, poniendo en riesgo ecosistemas clave y recursos naturales esenciales".
Asimismo, la formación alerta del "creciente número de viviendas autorizadas en suelo rústico desde la modificación de la ley, que amplió de 100 a 200 metros la franja edificable desde el suelo urbano. Solo desde enero de 2024 se han aprobado 370 viviendas unifamiliares, más de la mitad relacionadas directa o indirectamente con el turismo rural". Según Podemos Cantabria, "esta flexibilización está impulsando un modelo de urbanización dispersa que provoca la pérdida de suelo agrícola fértil y una mayor presión sobre el entorno rural, acelerando la fragmentación del territorio".
La formación advierte que esta tendencia "rompe el equilibrio territorial y ambiental de Cantabria" y supone un "grave retroceso respecto a los objetivos europeos de protección del suelo, sostenibilidad climática y seguridad alimentaria, comprometiendo los compromisos asumidos por España ante la Unión Europea".
El responsable de medio ambiente de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, ha señalado que “la gestión del suelo en Cantabria es única en Europa, pero no precisamente por su buena práctica”. Añade: “Mientras en el resto del continente se avanza hacia la protección y restauración de suelos agrícolas y forestales, aquí se avanza hacia su destrucción, amparando un modelo que prioriza los intereses urbanísticos e industriales por encima del medio ambiente y el bienestar común”.
Gómez subraya que la figura de los PSIR se ha convertido en una herramienta que vacía de contenido la planificación municipal, otorgando al Gobierno autonómico la capacidad de imponer proyectos que transforman irreversiblemente el territorio. Según el portavoz, esta política “no solo rompe el equilibrio territorial y la autonomía de los ayuntamientos, sino que además acelera la pérdida de biodiversidad y de suelo fértil, un recurso esencial que Europa considera estratégico frente a la crisis climática y alimentaria”.
Por todo ello, Podemos Cantabria reclama que "se revise la aplicación de la Ley 5/2022 y se adopten medidas que garanticen una gestión sostenible del suelo, coherente con las directrices europeas de conservación, planificación territorial y transición ecológica justa. La formación insiste en que el modelo de desarrollo de Cantabria debe orientarse hacia la protección del territorio, la recuperación del suelo agrícola y la defensa del interés público frente a la especulación".
Asimismo, Podemos pide que la Unión Europea "investigue los efectos de esta ley sobre el territorio y determine si su aplicación es compatible con la normativa europea", incluyendo la Estrategia Europea de Protección del Suelo 2030, la Ley del Clima Europea (Reglamento UE 2018/1999), las Directrices de la Comisión Europea sobre sellado del suelo de 2012, la Carta Europea de Autonomía Local y la Carta Europea de Ordenación del Territorio.