El TSJC considera que el Gobierno del PP no dio argumentos para evitar la anulación del PGOU de Argoños, que afecta a las sentencias de derribo

El Gobierno del PP en Cantabria ha anunciado este jueves que será el 4 de agosto cuando se reúna con la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) tras el varapalo judicial que anula el PGOU de Argoños que contemplaba las actuaciones para compensar a los afectados de las sentencias de derribo. Un varapalo que, según ha podido saber eldiarioCantabria.es, es responsabilidad del propio Ejecutivo de Buruaga por no justificar correctamente su defensa.

Y es que, como recoge la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), se ha estimado el recurso presentado por la entidad Agropecuaria e Inmobiliaria Santa Ana, S.A. contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) de septiembre de 2022. Ante esto, la Sala dio la oportunidad al Gobierno del PP de “intentar acreditar que estamos ante un supuesto de nulidad parcial”.

EL GOBIERNO NO ES CAPAZ DE ACREDITARLO

El grueso de la sentencia del TSJC gira en torno a la vinculación que el Gobierno de Cantabria había hecho en este nuevo PGOU de Argoños con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, que había sido anulado. Para el tribunal cántabro, “correspondía a la administración”, tras haberse declarado la nulidad del PORN, la acreditación de que el nuevo PGOU no se basaba, al menos no totalmente, en el PORN.

Tal y como recoge la sentencia consultada, el Gobierno del PP “ha centrado el debate” no tanto en los elementos del PGOU que se basan en el anulado PORN, como “en determinar a quién corresponde acreditar” si existe dicha nulidad parcial, si al Ejecutivo o al recurrente.

Y en este sentido, considera que es el Gobierno de Buruaga el responsable de dicha acreditación. Pero no solo eso. La sentencia va más allá al señalar que, al decaer el PORN recobra vigencia el anterior, y “es a la administración” a quien corresponde acreditar que el PGOU aprobado “es respetuoso con el mismo”. “En el caso de un nuevo planeamiento de lo que se trata es de que la administración justifique la adecuación parcial a esa regulación. Y en este caso no existe esa justificación ni la individualización señalada”, apunta la sentencia.

NO SE INDIVIDUALIZA UNA PARTE DEL PGOU QUE PUDIERA SER SALVADO

La falta de argumentación del Gobierno lleva al TSJC a argumentar que, “anulado el PORN, desaparece gran parte de la justificación del nuevo PGOU”, lo que irremediablemente afecta a “la ordenación del suelo, urbano, urbanizable y no urbanizable”. La sentencia, en este sentido, vuelve a reiterar que “no se acredita ni mucho menos” la “irrelevancia” que la nulidad del PORN pudiera tener en la nueva ordenación urbana, pero tampoco “se individualiza una parte de ese nuevo PGOU que pudiera ser salvado”.

Ante esta sentencia, cuyas costas de 1.500 euros deberá pagar el Gobierno de Cantabria, cabe un recurso ante el Tribunal Supremo o la Unión Europea, algo que según el Ejecutivo todavía se está valorando. Pero lo que sí ha avanzado el consejero de Fomento, Roberto Media, es que se van a aplicar los convenios que los afectados por los derribos hayan firmado con el Ejecutivo.

COMPROMISO FIRME

Media también ha recalcado el compromiso “firme” de María José Sáenz de Buruaga, del Ejecutivo y del Ayuntamiento en dar una solución a los afectados en esta legislatura, y ha aseverado que éstos "no van a tener que seguir esperando" y que tendrán que decidir si quieren una vivienda de sustitución o una indemnización como ya se ha hecho con los afectados de las urbanizaciones La Llana I y II.

Sin embargo, fuentes cercanas al caso han señalado que el problema que surge con esta anulación del PGOU es “saber de dónde se va a sacar el terreno” para construir todas las viviendas comprometidas para los afectados por sentencias de derribo, de los que una alta cifra tienen planteado optar por una de estas viviendas de sustitución. Y es que la anulación de este Plan de Ordenación Urbana implica que entra en vigor el de 2007.

Estas mismas fuentes se cuestionan qué ocurrirá con las 68 viviendas de Pueblo del Mar y 70 de Camino del Portillo, ya que están construidas sobre suelo urbano consolidado, planteando si tendrían que “derribarse para volver a construir”.

APOYO DEL GOBIERNO

A pesar de las dudas y de la responsabilidad que descarga la sentencia sobre el Ejecutivo del PP, Media ha asegurado que "de este Gobierno los afectados solo pueden esperar apoyo. Les dijimos que antes de que terminara la legislatura todos iban a conocer cuál va a ser el final de este tortuoso, desgraciado y desdichado viaje", ha aseverado, lamentando y reconociendo que en el terreno donde se ubican las viviendas que se tendrán que derribar se podrá volver a construir después.

Además, ha insistido en que el Ejecutivo "no va a dar una patada como hacían los anteriores a este problema", y ha remarcado que si no se podían legalizar las viviendas, "no se iba a esperar a que resolviera el Tribunal Supremo o a pensar en otro plan general". "Ya han pasado demasiados años para que estos vecinos tengan por fin una solución y ahora llega el momento de dársela, cueste lo que cueste", ha dicho.

TERRENOS ADQUIRIDOS EN EL MUNICIPIO

Según ha detallado Media, el Gobierno está adquiriendo terrenos en el municipio "en cantidades importantes" y, en cuanto a los plazos, ha sostenido que la administración "lleva los plazos que lleva", una vez se sepa qué quieren hacer los afectados.

"Las leyes hay que cumplirlas. Alguno parece ser que en su momento no las cumplió, ahora toca cumplir las sentencias judiciales, aunque en muchos casos sean poco comprensibles para el común de los mortales", ha ironizado para criticar a "esas asociaciones que dicen que miran tanto por el medioambiente de Cantabria".

Al respecto, Media ha enfatizado que "lo que han conseguido es arruinar la vida a mucha gente, que muchos ya han dejado de estar en este mundo antes de saber cómo se iba a solucionar este problema y, además, ahora arruinar el bolsillo de muchos cántabros", acusándolas de "mirar exclusivamente por el bien suyo y propio", y no por el bien común, "por ese afán de protagonismo de estos grupos de extrema izquierda que para nada les interesa el interés de Cantabria", ha concluido. El consejero ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, donde han informado del dispositivo preventivo para el eclipse total del 12 de agosto.