SOS en el CAD de Laredo: las auxiliares denuncian falta de personal y sobrecarga con tareas fuera de sus competencias

Trabajadores del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo, dependiente del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), han dicho "basta". Tras meses de soportar una situación que, según denuncian, afecta directamente a la calidad asistencial de los usuarios, la plantilla ha decidido dar un golpe en la mesa para visibilizar las graves deficiencias de personal y organizativas que sufre este centro público.

El colectivo de trabajadores lleva tiempo soportando una sobrecarga laboral extrema. Al déficit estructural de personal técnico de atención directa se le suma, según relatan, la falta de personal facultativo por bajas médicas. Esta última carencia está obligando a las auxiliares y al personal sociosanitario a asumir funciones delicadas que exceden por completo sus competencias profesionales.

Desde la plantilla advierten de que la falta de médicos les lleva a tener que suplir tareas para las que no están capacitadas sin supervisión, como la administración de medicación, lo que repercute directamente en el estado de salud de los residentes a su cuidado.

La mecha del conflicto se encendió el pasado 24 de abril, cuando los trabajadores lograron mantener una reunión directa con los responsables del ICASS para exponer el problema. Tras el encuentro, la Administración les ofreció por vía telefónica una medida de urgencia: la contratación de 9 efectivos de atención directa mediante acúmulos de tareas por un periodo de seis meses, junto al compromiso de modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), inalterada desde el año 2019.

Pese a que la plantilla estaba dispuesta a aceptar la tregua temporal, la intervención del comité de empresa frustró la propuesta inicial. Según explican los afectados, el comité interpretó la reunión de la plantilla como una "intromisión negociadora", cuando su único fin era canalizar una vía de auxilio ante la emergencia.

Posteriormente, el propio comité de empresa (con la firma de UGT, CCOO, Tú y SIEP, y el rechazo explícito de CSIF) cerró un acuerdo con el ICASS a espaldas de los trabajadores que rebajó las expectativas: 8 acúmulos en lugar de los 9 ofrecidos inicialmente y la desvinculación sindical de las protestas autónomas de la plantilla. Solo el sindicato CSIF se desmarcó de este pacto para asesorar y apoyar activamente las movilizaciones de los empleados.

Desde el ICASS se alega de forma recurrente que el CAD de Laredo cumple estrictamente con los ratios legales de personal. Sin embargo, las trabajadoras desmontan este argumento matemático basándose en la realidad diaria del centro: el perfil del residente actual ha cambiado drásticamente hacia el de Gran Dependiente, un grado que exige por ley y por seguridad realizar la práctica totalidad de las movilizaciones e intervenciones en parejas.

"Los recursos humanos del centro se deben adecuar porque las características del usuario han cambiado. Pertenecemos a Servicios Sociales y no se están cumpliendo las condiciones de calidad que debería ofrecer un centro público", lamentan. 

Convencidos de que lo que ocurre en Laredo es solo "la punta del iceberg" de la gestión de la dependencia en Cantabria, los trabajadores mantienen un calendario de concentraciones reivindicativas y han iniciado una intensa ofensiva de contactos políticos y sociales. "Queremos que esta situación cambie por nuestros residentes de ahora y por los del futuro. Esto es un sector público y es una problemática que afecta a todos los ciudadanos", concluyen los afectados, haciendo un llamamiento general a la sociedad y a los medios para que el eco de su protesta no se apague.