El nuevo registro de alquiler turístico y de temporada será obligatorio a partir de este martes
A partir del próximo martes, 1 de julio, entrará en vigor la obligatoriedad del registro único de arrendamientos turísticos y de temporada, establecido por el Real Decreto 1312/2024. Esta medida, que forma parte de la creación de la ventanilla única digital, se implementa tras seis meses de preparación desde que la normativa se aprobara a principios de año.
Este nuevo sistema responde a la aplicación directa en los Estados miembros del Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, del pasado 11 de abril. El objetivo es regular de forma homogénea el alquiler de viviendas amuebladas de corta duración en toda la Unión Europea.
La solicitud del número de registro, que debe tramitarse a través del Colegio de Registradores, debe ir acompañada de documentación como la referencia catastral, dirección exacta del alojamiento, modalidad del alquiler (vivienda completa o por habitaciones), número máximo de personas alojadas y acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la comunidad autónoma correspondiente.
Una vez validada la solicitud, se asignará un número de identificación que los propietarios deberán mostrar obligatoriamente en todas las plataformas digitales donde promocionen el alojamiento. Así, la oferta quedará oficialmente registrada. Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se ha subrayado que esta iniciativa busca combatir el fraude y fomentar la transparencia en un mercado complejo, reforzando los mecanismos de control tanto a nivel nacional como europeo.
SOLICITUDES
Hasta el 27 de junio, el Colegio de Registradores ha tramitado 199.686 solicitudes, de las que el 83,65% (90.046) han sido aprobadas. Otras 17.596 han sido denegadas y más de 92.000 están aún pendientes de verificación, según datos del Ministerio.
La mayoría de las solicitudes corresponden a alquileres turísticos (156.938), especialmente en provincias como Málaga, Gran Canaria, Alicante, Baleares y Barcelona. Solo en el último mes se han presentado más de 125.000 solicitudes. Los registradores recuerdan que el código de registro podrá seguir solicitándose tras el 1 de julio, aunque no será asignado si no se acreditan las licencias o declaraciones responsables requeridas por cada comunidad autónoma o ayuntamiento.
INFORMACIÓN
Además, la normativa obliga a las plataformas digitales de alquiler turístico a remitir mensualmente a la ventanilla única digital información sobre cada unidad alojativa. Deberán comunicar el número de registro proporcionado por el propietario, la dirección del inmueble, la actividad registrada y las URLs de los anuncios publicados, todo ello a través de sistemas automáticos de intercambio de datos.
En el caso de plataformas pequeñas o microempresas, la periodicidad de la transmisión será trimestral, aunque en todos los casos se exigirá que los datos se envíen durante los primeros quince días naturales del mes siguiente al periodo correspondiente.
CRÍTICAS DEL PP Y DEL SECTOR TURÍSTICO
La entrada en vigor de esta normativa ha generado fuertes críticas desde varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que han solicitado la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Turismo. Consideran que el proceso ha sido precipitado y caótico, al coincidir con el inicio de la temporada alta, y denuncian una "falta de liderazgo" por parte del ministro Jordi Hereu.
El PP también ha acusado al Gobierno de invadir competencias autonómicas y de no aclarar aspectos clave de la aplicación de la norma, como los criterios de registro, los periodos de validez o los procedimientos de intercambio de datos con las autoridades.
Desde el sector turístico, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) ha advertido de que la nueva normativa podría dejar fuera al 70% de la oferta actual, lo que supondría pérdidas de más de 13.700 millones de euros para la economía nacional entre julio y diciembre.
Su presidenta, Silvia Blasco, ha denunciado que el registro estatal duplica estructuras ya existentes en las comunidades autónomas, añadiendo complejidad al sistema en lugar de simplificarlo o complementarlo.