La justicia paraliza el encargo del Plan del Lobo por posibles “perjuicios de difícil o imposible reparación"
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha paralizado el nuevo Plan de Gestión del Lobo que prepara el Gobierno de Cantabria del PP. Tal y como ha informado Podemos Cantabria en un comunicado, la denuncia y el recurso especial interpuesto por la formación ha sido estimado íntegramente, lo que obliga a la suspensión cautelar del encargo que los ‘populares’ habían realizado a TRAGSA.
De este modo, el Tribunal ordena paralizar el procedimiento de contratación, al considerar que su continuidad podría ocasionar "perjuicios de difícil o imposible reparación". Podemos había denunciado que el Gobierno autonómico había recurrido a un encargo directo a TRAGSA para “eludir la participación pública, la transparencia y el debate social necesarios para un plan de gestión de una especie protegida como el lobo ibérico”.
ATAJOS ADMINISTRATIVOS QUE PERJUDICAN EL MEDIO AMBIENTE
Pablo Gómez, responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, recuerda que "esta victoria demuestra que cuando se actúa con rigor jurídico y en defensa del interés público, se pueden frenar los atajos administrativos que perjudican a la transparencia y al medio ambiente". Según Gómez, "el Gobierno, por un lado, nos cuenta que está elaborando un plan participativo y, por otro, subcontrata la elaboración del plan para poder hacerlo de espaldas a la ciudadanía".
Como recuerda Podemos, el Gobierno de Cantabria ha difundido diversos comunicados presentando el proyecto del nuevo Plan de Gestión del Lobo como “un documento que se estaba tramitando con participación pública”, señalando la culminación del proceso de alegaciones y su intención de aprobarlo en el primer trimestre de 2026 tras supuestamente incorporar algunas propuestas recibidas durante la fase de exposición pública.
PROCEDIMIENTO EN CUESTIÓN
Desde Podemos Cantabria se rechaza esa narrativa: “la denuncia interpuesta ante el Tribunal pone precisamente en cuestión que ese procedimiento -o una parte del mismo- se estuviera llevando a cabo mediante un encargo directo y opaco a una empresa pública (TRAGSA)”, señala la formación, lo cual, “en la práctica, pone en riesgo la genuina participación ciudadana y el escrutinio público que debe acompañar a un plan con impacto ambiental y social como este”.
Podemos Cantabria insiste en que “un nuevo Plan del Lobo debe elaborarse con criterios científicos, participación de entidades sociales y ecologistas, transparencia y control democrático, y no mediante un procedimiento que excluya a la ciudadanía y a los expertos”.